Juan Pablo Pozo, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), opina sobre el proceso electoral de hoy, realiza un balance del 23 de febrero e indica lo que se debe mejorar.

¿Cómo se evaluó el proceso electoral que se realiza hoy?
Tomando en cuenta que el proceso del pasado 23 de febrero tuvo una magnitud grande, en sesiones del pleno analizamos varios informes técnicos y jurídicos de los problemas que se suscitaron en varias jurisdicciones. Con ello se decidió que en 13 parroquias de 8 provincias se realicen nuevos comicios. Esto representa el 1,57% de las 815 parroquias que existen en el país con 75.088 electores, la magnitud es del 0,62%. Esa es la real magnitud de estos nuevos procesos electorales. Dependiendo de los informes presentados, se llamó a nuevas elecciones.

En la mayoría hubo casos de desmanes. ¿Cómo se evaluó esto?
Se aplicó el artículo 147 del Código de la Democracia que establece cuando se dan las nulidades en los procesos electorales. En algunos casos, en la gran mayoría se dieron casos de violencia, como la quema de papeletas por parte de la  delincuencia  común, reportados a la Fiscalía. En algunos casos se dieron pasadas las 17:00, cuando ya se tenían datos previos y lo único que buscaron es que no se respete la voluntad popular.

¿Delincuencia común o fueron organizaciones políticas?
Existe una investigación y lo tiene que determinar la Fiscalía, pero son actos que tienen que ser tratados en el campo penal y establecer las sanciones que correspondan. La violencia registrada fue en Muisne y San Lorenzo, en Esmeraldas; en Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo y Yaguachi, en Guayas; y en Carlos Julio Arosemena Tola, en Napo.

¿A quién se atribuyen los errores en las papeletas?
Tenemos que decir de forma clara que sí se presentaron errores en las papeletas electorales. Hay que diferenciar: unos fueron atribuidos al Consejo Nacional Electoral por una falla en control de calidad y otros son a cuatro organizaciones políticas que remitieron mal la información de sus candidatos. Una de ellas fue Avanza, en la parroquia La Unión, de Jipijapa, en Manabí, donde admiten por medio de un oficio que enviaron por error otra fotografía de su candidato.   

¿Cómo se financian estas elecciones en las 13 parroquias?
Se solicitó un presupuesto adicional de $ 564.375 a las delegaciones provinciales, las cuales están financiando este valor que implica desplazamiento de Fuerzas Armadas, parte operativa, logística e impresión de papeletas. La repetición de un proceso electoral tiene que ser una excepción, no puede ser una regla general y el Consejo debe tomar cartas en el asunto.

¿Cómo se organizó el plan de contingencia?
Durante estas dos semanas nos reunimos con las mesas de seguridad, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En lugares donde existieron incidentes se han redoblado los esfuerzos en seguridad y logística. Lo importante es resguardar la integridad de las personas.

¿Al interior del CNE realizaron una evaluación del proceso electoral del 23 de febrero?
Hay que hacer una evaluación íntegra de todo el proceso y hay varios ingredientes que tienen que ser analizados. Una de sus fortalezas es la automatización de  procesos, como voto electrónico, el voto en casa, el registro electoral, que se depuró en gran medida con 1’500.000 actualizaciones. Con ello, las misiones electorales reconocen al sistema ecuatoriano como uno de los pocos en el mundo que logra incorporar a los grupos de atención prioritaria.

A su criterio, ¿qué no funcionó?
Hay dos módulos que no dieron resultados dentro del  cronograma que teníamos: el escrutinio que no fue entregado dentro de los 10 días que da la ley, pero aspirábamos a cumplir con ese plazo. Eso implica una evidente demora, una mala planificación al módulo de escrutinios. Pero más allá de la entrega de resultados, es el respeto absoluto a la voluntad de la gente.

¿Ya se evaluó alguna sanción en contra de  la empresa Scytl?
En mi caso he pedido información al presidente del CNE, ya que está bajo su responsabilidad, sobre el sistema de administración electoral, que son 18 módulos a cargo de la empresa española. Luego de que finalice este último proceso, él (Domingo Paredes) presentará la información a los consejeros para que estemos enterados y podamos fiscalizar estos contratos.