Las denuncias de injerencia política e ideológica en contra de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la empresa norteamericana con fines de lucro Chemonics International Inc. tienen antecedentes en la región, especialmente en Bolivia, país que expulsó a la ONG en 2008.

En Ecuador, Chemonics se dio a conocer por la ejecución del proyecto “Costas y Bosques Sostenibles”, que desarrolla en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí. La iniciativa es financiada por la Usaid con una inversión de 13,3 millones de dólares.

El proyecto ejercería una supuesta injerencia política porque su campo de acción está en las áreas más ricas en minerales y recursos naturales. Lo mismo ocurriría en otros países de América Latina, cuando la región intenta   asumir soberanamente la gestión económica y científica de esos recursos.

Pese a que el proyecto es ejecutado por una empresa con fines de lucro, la Usaid informó a la Seteci que el objetivo es conservar la biodiversidad y beneficiar a las poblaciones locales con alternativas productivas y alianzas, a largo plazo, con organizaciones locales, regionales e internacionales.

Chemonics, fundada en 1975 y actualmente con presencia en 150 países, ofrece diversos servicios como asistencia técnica, investigación, capacitación, administración de subvenciones y comunicaciones, servicios financieros, desarrollo del sector privado, salud, gestión del medio ambiente, cuestiones de género, prevención y recuperación de crisis, democracia, gobernanza, agricultura,  consultoría especializada en desarrollo, entre otros.

Su expulsión de Bolivia ocurrió tras ser acusada de financiar intentos desestabilizadores contra el gobierno de Evo Morales. Tal propósito lo intentó a través del programa “Fortalecimiento de la Democracia”, financiado por la Usaid por un monto de 2’678.648 dólares, entre octubre de 2006 y septiembre de 2008.

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, denunció entonces que se emplearon recursos para contratar asesores con fines desestabilizadores, entre ellos a Juan Urenda, asesor de la Junta Cívica de Santa Cruz y coautor de un estatuto separatista, ya que promovió un referendo en 2008 sobre esa materia.

Según consta en la página web http://www.cambio.bo/noticia.php, el 4 de abril de 2011 grupos sociales de Bolivia también alertaron que Usaid realizaba adoctrinamiento político a través de capacitaciones. Salió a la luz que la agencia estadounidense apoyaba 12 proyectos en Bolivia. Dos sectores sociales estaban seguros que detrás  habían afanes de adoctrinamiento.

Julio Salazar, senador del MAS, sentenció: “La labor de Usaid en Bolivia es manipuladora. En el Chapare usaban el pretexto de capacitar para impartir doctrina política entre gente que trabajaba con ellos. Decían que querían ayudar a campesinos a encontrar  opciones que no sean plantar coca, pero en sus capacitaciones aleccionaban a la gente con subprogramas. Uno de ellos se llamaba diplomacia y otro quería establecer una red de profesionales indígenas adoctrinados al imperialismo”.

Sebastián Condori, dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), también acusó a la Usaid de entrometerse en la política interna. “En El Alto hicieron programas sobre democracia, justicia y otros, pero yo me pregunto: ¿Qué tienen que debatir y cuestionar sobre nuestro gobierno en esos proyectos?”, dijo.

El dirigente indicó que por ello la COR y otras organizaciones de la zona decidieron seguir el ejemplo de los cocaleros en Chapare: expulsar a la Usaid de El Alto y hacer seguimiento a las ONG que trabajan con la agencia.

El jefe de bancada del MAS, Edwin Tupa, a través de un manifiesto pidió al Ejecutivo analizar la expulsión de Usaid y regular su labor  mediante un proyecto de ley. En 2008 Bolivia no solo expulsó a la Usaid, sino a la División Antidrogas (NAS), a la Administración de Drogas y Narcotráfico (DEA) y al embajador Philip Goldberg.

Ahora, en Ecuador, al referirse al programa “Costas y Bosques” y a la compañía que la ejecuta Chemonics, Gabriela Rosero, titular de la Seteci, señaló que “nos dimos cuenta que quienes están implementando este proyecto ni siquiera tienen representación jurídica en Ecuador, sino que están en otro país o están a control remoto desde donde vienen los recursos”. Por ello resaltó que esos proyectos “más bien nos están generando duda”.