Fue una vulneración a los derechos humanos la exposición de fotografías de la matanza de dos indígenas waorani por parte de un grupo de la etnia taromenani, que fueron publicadas por el diario La Hora en su edición del pasado jueves.   

A esta conclusión llegaron Isabel Ramos, profesora de Maestría de Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); y Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por los Derechos Humanos, quienes de todas formas consideraron que no se debe judicializar el tema o aplicar sanciones punitivas.

Estas reflexiones las formularon tras el anuncio de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y el Ministerio de Justicia de solicitar a la Fiscalía General investigar a diario La Hora, por considerar, además, que la publicación de las imágenes puede incitar al “odio” en contra de las comunidades.

Según Ramos, los medios de comunicación deben tener cuidado de no vulnerar derechos humanos en nombre de la libertad de expresión. “Esta libertad es un derecho relativo que permite construir sociedades más justas y fortalecer las democracias y por eso no puede vulnerar derechos”, dijo.         

Indicó que esto se evita a partir de espacios de discusión pública; también sostuvo que el Estado debe tomar acciones, mediante un cuerpo legal que proteja los derechos de las personas cuando sus derechos son manipulados en los espacios mediáticos, a través de una legislación específica de  comunicación; así también los colectivos de medios comunicación populares y alternativos y periodistas responsables deben pronunciarse.

También instó a las organizaciones que defienden los derechos humanos a actuar y denunciar públicamente estos hechos porque “se está degradando la dignidad de personas, concretamente de nacionalidades indígenas, con la exposición indiscriminada y sin criterios de responsabilidad que atentan contra sus derechos humanos”.

A esto se suma, agregó, que con estas publicaciones parece que todo pasa sin un filtro, sin una edición y sin criterios de responsabilidad social, pues esto debe ser observado por los editores de periódicos que tienen el papel de sopesar y juzgar con criterios de relevancia lo que merece ser publicado.

Para Billy Navarrete, este tipo de imágenes atenta contra la dignidad no solo de quienes murieron y sus allegados sino de todo el público que las ve. Sobre una posible incitación al odio, como expresó la Secom, aclaró que es muy subjetivo este escenario, ya que se basa en una presunción, lo que sí es categórico es que hubo vulneración de derechos.

De allí que sostuvo el hecho de que el consumidor de la noticia debe reconocer que hay un límite que no puede exponerse, que no todo debe ser exhibido por las consecuencias que eso provoca y esa línea es parte de la cosecha que hace el oficio del periodista.

Sobre eventuales acciones legales, ambos dijeron que no son  necesarias. Ramos afirmó que no es partidaria de la judicialización del tema, pero sí de la discusión pública, y que se apliquen más bien acciones administrativas en los medios para desalentar estas prácticas a las que consideró negativas para la dignidad y derechos humanos, de allí que la sociedad debe expresar una respuesta firme.    

Criterio similar tuvo Navarrete tras manifestar que una eventual consecuencia punitiva provocaría un mecanismo de censura y miedo. “Hay que reconocer que hubo una afectación a la dignidad humana y que debe ser manejada en el mismo medio; esto tiene que ir ganando espacio en los generadores de información para que no queden en la noticia escandalosa sino de comprender la problemática histórica y cultural de esos pueblos”, añadió.