En las grabaciones de una reciente teleserie ecuatoriana transmitida en el país, en horarios diferidos, hubo malestar.  

Dos actores de amplia experiencia expresaron su inconformidad por las preferencias hacia uno de sus compañeros de reparto, quien, además de cobrar lo mismo que la primera plana de actores, tenía menos días de grabación en la serie por sus compromisos en otro espacio del mismo canal.

Este tipo de preferencias es frecuente en el interior de algunas producciones, creando malestar e inconformidad en el equipo de trabajo. Es tan solo uno de los varios inconvenientes estructurales a los que se enfrentan los actores ecuatorianos de la televisión y el cine.

En busca de un cambio que beneficie al gremio de actores del país, Diego Mignone y Marisol Romero unieron esfuerzos para crear la Asociación de Actores Audiovisuales del Ecuador (Uniactores), que busca los mecanismos necesarios para que sus agremiados accedan a contratos justos, jornadas laborales parejas, el pago de horas extras, capacitación constante, asistencia social, entre otros beneficios.

Este organismo ya tuvo el primer acercamiento con las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales, que actualmente estudian la propuesta del gremio actoral.

“La respuesta fue bastante favorable porque fue novedosa para ellos. Tuvimos la oportunidad de exponer nuestras inquietudes y aspiraciones. Es un proceso que toma su tiempo porque necesitamos de un código laboral urgente para poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos”, dijo Marisol Romero, vicepresidenta del organismo.

La actriz Montse Serra explicó que lo que se busca es un modelo de base salarial como se hace en España, Colombia, Argentina, México, entre otros, en donde hay tarifas por día de grabación.

“Esta es una profesión informal en la que no necesitamos un título para ejercer, pero, asimismo, muy injusta porque el productor puede ir por la calle,  descubre a una persona que supuestamente tiene todo para actuar y la convence de hacerlo por $ 50 al día. Ahí existe una competencia desleal. Lo que el productor no sabe es que con esa persona a lo mejor tendrá que repetir 10, 15 o 50 tomas, mientras que con un actor experimentado hará 2 tomas”, explicó Serra.

Otro de los objetivos de estas agrupaciones es que la mayoría de actores se conviertan en socios y cuando los canales o las productoras soliciten personal para audiciones, lo hagan a través de la base de datos que manejan. Hasta el momento hay más de 200 actores registrados.

“Si yo, como productora, voy a gastar mucho dinero por realizar una audición abierta, mejor voy a Uniactores y con menos gasto obtengo un casting con actores profesionales de gran nivel”, agregó Serra, quien además forma parte de la directiva de este sindicato, junto a los actores Álex Altamirano, Diego Naranjo y los suplentes Alejandra Coral, Héctor Orbegoso y Alejandro Lalalelo.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es el aporte social para los actores que deciden retirarse del medio luego de una extensa carrera.

“Queremos dar una pensión social. Es lamentable ver que actualmente hay actores que han trabajado toda su vida y hoy no tienen ingresos porque ya no están vigentes y viven desamparados”, señaló la actriz italoecuatoriana Marina Salvarezza, quien comentó que esto es algo que emprendió hace 3 décadas. Un triste suceso la motivó a iniciar la lucha. Fue cuando uno de sus compañeros actores se suicidó porque no había tenido “un sucre” para comprarle una aspirina a su hija enferma y ella murió. Dos días después él se quitó la vida.

“La historia habría sido distinta si en ese entonces hubiese existido un gremio que respalde o vele por los intereses de los compañeros actores. Fue lamentable porque él se pasaba las noches entreteniendo al público con su esfuerzo y trabajo”.

La catedrática aseguró que varias veces los hospitales les cierran las puertas a los actores porque no están afiliados al Seguro Social, ni poseen tarjetas de crédito y los bancos no quieren darles préstamos porque no poseen un trabajo estable. “Te quieren pagar con canje y no saben que una no va al mercado o al supermercado a pagar con canje. Ahí hay que llevar dinero”.

Sin embargo, afirmó que desde que se lanzó la campaña ‘Los actores somos de carne y hueso’, hace poco más de un año, se han dado avances importantes, como la concienciación por parte de algunas productoras o instituciones, como el Teatro Sánchez Aguilar, en donde -explicó- están afiliando a los actores que forman parte del equipo de producción de sus diferentes obras por el tiempo que dura la preproducción y las funciones.

Pago de regalías

Horarios establecidos y una paga justa no es la única exigencia de los actores. También exigen el pago de las regalías cuando en un futuro se exhiban proyectos en los que uno o varios de sus socios aparecen o figuran en los créditos, es decir, actores, actrices, directores, guionistas, dibujantes audiovisuales y bailarinas de audiovisuales.

Para ello se creó la Unión de Artistas Audiovisuales de Ecuador como la Sociedad de Gestión Colectiva (Uniarte), integrada por Diego Mignone en calidad de presidente y Marisol Romero como vicepresidenta.

La directiva principal la integran, además, Martha Ontaneda, Ricardo Velasteguí, Alfonsina Solines, Alberto Pablo Rivera y Mónica Mancero; como suplentes constan José Pacheco, Cecilia Vallejo, Juan Carlos Román y Sonia Valdez.

“Aún no se han definido los montos, eso está en estudio. Lo que sí es cierto es que las productoras o los canales deben saber que tienen que pagar un porcentaje cada vez que se vuelva a transmitir una producción. En algunos países funciona con el pago de un 80% o 50% del cobro original por la grabación”, explicó Serra.

Pero para que este cobro se efectivice, los actores esperan que se acepten las observaciones que han planteado al Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, tema que se discute en la Asamblea Nacional.

“Esta no es la única preocupación que tenemos dentro de esta ley, hay otros aspectos que nos involucran como sociedad de gestión”, explicó Mignone, quien actualmente graba una película en Nueva York junto a Roberto Manrique.

“Deben permitirnos cobrar derechos en todas las obras audiovisuales por todos los medios que se emitan, sea en idioma español u otro. Cobraremos los derechos de nuestros colegas miembros de las otras sociedades de gestión, que a su vez cobrarán los nuestros cuando nuestras obras se vean en esos países”.

Para ello -explicó- debe existir un acuerdo de reciprocidad de igualdad entre nacionales con extranjeros, y para todos los países, ya que el borrador habla solo de mercado común andino y nacional o extranjeros residentes. “Si esto es así, las otras sociedades de gestión no podrían cobrar por nosotros y seríamos directamente perjudicados”.

En la gran pantalla

Uniactores y Uniarte también apoyan la iniciativa del Consejo Nacional de Cine del Ecuador (CNCine) respecto a la Ley de Cine y Audiovisual.

Proponen la creación de una comisión fílmica que fomente la inversión privada a través de incentivos fiscales y el libre acceso a las coproducciones. “Varios estudios avalan que de $ 1 dado en incentivo, 4 o 5 entran en la economía del país”.

El organismo -además- exigirá a los productores extranjeros la contratación de un porcentaje de actores ecuatorianos dentro de la película que filmen en el país, como sucede en otros.

Mignone aseguró que el turismo nacional también se verá beneficiado con la inversión fílmica extranjera. Otra propuesta es que se obligue a las cadenas de cine del país a proyectar, antes de cada película, un cortometraje máximo de 15 minutos para estimular el nuevo talento nacional.

Compensaciones

El pago de derechos intelectuales para las obras audiovisuales que se reproducen en teléfonos inteligentes, DVD, computadoras y soportes es otro de los puntos polémicos dentro de las propuestas.

El documento exige el cobro de un porcentaje del valor FOB de ciertos equipos y soportes. “Este porcentaje deberá salir de un estudio sobre el perjuicio actual que tiene el colectivo audiovisual. Por ley, el 20% de este valor debe ir a formación del audiovisual y la compensación total debe ser distribuida en 1/3 para músicos, 1/3 para titulares de derechos patrimoniales y 1/3 para los titulares de derechos conexos”. (I)