Las reformas constitucionales que aplicaron en México, otorgan a los ciudadanos el derecho a gozar de los beneficios que brinde la ciencia y la innovación tecnológica. Además que obliga al Estado a apoyar la investigación y el acceso abierto a la información científica.

Por ello, los mexicanos esperan que este 2020 aplique la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que estará en discusión los próximos días en el Poder Legislativo.

Más de 70 foros regionales, estatales y procesos de consulta participaron en un diálogo para discutir sobre la importancia de la norma.

Entre las principales preocupaciones destacaron la vinculación de los apoyos otorgados a los grupos científicos sobre su contribución a la solución de problemas nacionales. Para las organizaciones, la propuesta no toma en cuenta la complejidad del escenario nacional.

Otra inquietud giró en torno a las competencias que tendría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la toma de decisiones en temas científicos y sus capacidades para decidir. (I)