La frontera web enfrenta a los EE.UU. y Microsoft
¿Puede Estados Unidos obligar a Microsoft a entregar correos electrónicos almacenados en un servidor ubicado fuera del país? La Corte Suprema estadounidense se mostró dividida el martes al examinar este tema con importantes implicancias sobre las fronteras de internet.
Todo comenzó en 2013, con una orden de allanamiento para que el gigante informático entregara los contenidos de un correo electrónico utilizado por un supuesto narcotraficante.
El problema es que Microsoft, que administra unos 100 centros de almacenamiento de datos en 40 países, tenía los datos solicitados guardados en Irlanda.
Microsoft se negó a cumplir la orden, argumentando que realizar una incautación en un servidor en Dublín era como ingresar a un domicilio en otro país.
La audiencia del martes ante el tribunal de Estados Unidos marcó la última ronda de una batalla judicial de 5 años, sobre la cual la Corte Suprema debe pronunciarse antes de finales de junio.
El gobierno de Donald Trump llevó la disputa a la Corte Suprema, tras varias victorias de la empresa.
Microsoft insiste en que si los correos están almacenados en Irlanda, la agencia federal antidrogas DEA no puede forzarlos a entregarlos.
“Ese es un acto extraterritorial prohibido”, dijo el abogado de la empresa Joshua Rosenkranz, y explicó que la Stored Communications Act (SCA, o Ley de Comunicaciones Almacenadas), se aplica a pesquisas en Estados Unidos.
Pero el abogado del gobierno, Michael Dreeben, defendió una posición diferente, rechazando la idea de una “confiscación” en el extranjero.
“Problemas internacionales”
La orden judicial requiere que Microsoft divulgue correos electrónicos bajo su control, donde quiera que estén, un acto que puede hacerse desde Estados Unidos con un técnico frente a su pantalla, explicó Dreeben.
La ley SCA, argumentó, “se centra en la divulgación, no en el almacenamiento”.
Este debate es seguido de cerca por dos partes enfrentadas: por un lado, los partidarios del interés superior de las investigaciones; por otro, las empresas tecnológicas que buscan proteger la vida privada de sus clientes.
El caso también aumenta el riesgo de crear problemas internacionales con países celosos de su soberanía, advirtió la jueza Sonia Sotomayor. (I)
