En la madrugada del miércoles 30 de diciembre de 2020, el Senado argentino votó la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Pero en la tarde del 29 de diciembre, al momento de empezar esta histórica sesión, nada estaba dicho; las proyecciones de los votos de la Cámara Alta eran demasiado estrechas como para adelantar cuál sería la postura ganadora. Cualquier cosa podía pasar, y esta incertidumbre a muchas nos tenía con el alma en vilo, pues nos recordaba demasiado esa madrugada triste del 9 de agosto de 2018, cuando una ley similar fue bloqueada por el Senado luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados. Ese rechazo hizo que el proyecto no pueda ser tratado nuevamente hasta después de un año.

Como en Ecuador, en Argentina el aborto también es un grave problema de salud pública, pero la única respuesta que se ha planteado desde el Estado ha sido su criminalización. Hasta este jueves, y desde el año 1921, el aborto en Argentina estaba penalizado y la mujer que abortaba podía enfrentar una pena que iba de uno a cuatro años de cárcel, salvo por dos causales: en caso de que de riesgo de la vida de la persona gestante y en caso de violación. Esta última causal es diferente a la que existe hoy en Ecuador que solo aplica a las mujeres con discapacidad mental. Sin embargo, en Argentina la causal violación planteó un conflicto de interpretaciones que duró 90 años. No fue si no hasta 2012 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que ratificó el carácter legal del derecho al aborto a toda mujer víctima de violación con la sola declaración jurada, sin que media la necesidad de una denuncia penal. Pero el acatamiento de este fallo fue parcial.

La lucha de las mujeres argentinas por despenalizar el aborto ha sido larga y tortuosa. En 1992, con el regreso de la democracia, se presentó en el Congreso el proyecto de ley de la Anticoncepción y Aborto. Lo hizo la diputada Florentina Gómez Miranda quien también fue una de las impulsoras de la ley de divorcio vincular de 1987. Gómez Miranda se adelantó treinta años a su tiempo, militó públicamente por despenalizar el aborto cuando el tema era un tabú absoluto. Los pañuelos verdes hicieron su aparición por primera vez el 16 de agosto de 2003 en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario cuando las activistas de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina los repartieron entre las asistentes. La consigna de ese encuentro fue debatir la estrategia para el acceso a un aborto legal y seguro.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito surge como decisión de las conclusiones del XIX Encuentro Nacional de Mujeres de Mendoza en 2004. El 14 de mayo de 2005 se conforma la Campaña como un espacio articulador con setenta organizaciones de las 24 provincias de todo el país. En ese momento se pensó que duraría unos meses, pero fue creciendo año a año. Las tres frases de la Campaña fueron: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En 2007 presentaron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por primera vez como Campaña. Siete veces más lo volvieron a presentar hasta que este proyecto tuvo un dictamen de la Comisión de Legislación Penal en 2011. En 2014 y 2016 el proyecto se presentó de nuevo, encabezado por la diputada Adela Segarra, pero fue boicoteado y nunca se trató. Entonces la Campaña impulsó foros y debates públicos para que en todo el país se hablara del aborto y así perder el miedo a tratarlo.

En 2018 el proyecto para despenalizar el aborto tuvo las firmas de apoyo de 72 diputados y diputadas de distintos bloques del Congreso. Nunca se había llegado tan lejos. Pero se avanzó todavía más, el 15 de junio de 2018 en una votación cerrada e infartante los legisladores aprobaron el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo y este pasó al Senado. Y si bien no fue aprobado entonces, la apoteósica marea verde que se desplegó en Argentina y en toda la región constituyó un fenómeno social del que ya no había regreso. Sabíamos que la contundencia de nuestros argumentos haría cambiar posturas retardatarias, que nos abriría puertas.

Pasaron 873 días desde que el anterior Senado se negó a legalizar el aborto en Argentina, pero el aborto se despenalizó en las calles y hoy, finalmente, ya es ley. En Ecuador, como en Argentina, el aborto dejó de ser un tema prohibido. El aborto dejó de estar en el lugar del silencio, del miedo, de la vergüenza. Hoy hablamos del aborto con todas sus letras y las mujeres exigimos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro proyecto de vida. En Ecuador también se ha producido la despenalización social del aborto.

Los feminismos latinoamericanos dialogan entre sí, comparten argumentos e información científica y estadística para legalizar el aborto en cada país de la región. Quienes luchamos para que las mujeres tengan derecho a decidir sobre sus embarazos somos perseverantes, somos pacientes. Sabemos que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Cada día somos más; estamos conectadas, movilizadas y trabajando colectivamente para llegar a nuestra meta. Esta victoria de Argentina es una victoria de todas las mujeres feministas de Latinoamérica. Esta victoria nos pertenece, compañeras.

No pararemos hasta que en Ecuador también sea ley. (O)