El ritmo actual de extracción y quema de combustibles fósiles en el mundo es excesivo. Ecuador, por ejemplo, ha sufrido severos daños a causa de la explotación petrolífera en la región amazónica en los últimos 40 años.

Con ese antecedente, en 1997, la sociedad civil ecuatoriana propuso detener la extracción del petróleo y dejarlo en tierra. No obstante, la propuesta fue ratificada recién 10 años después por el actual régimen. Dicha propuesta consiste en dejar en tierra las reservas de crudo pesado del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicado en el Parque Nacional Yasuní, bajo una política pública. 

Así lo recoge la publicación denominada “La Iniciativa Yasuní ITT-Desde una perspectiva Multicriterial”, de autoría de Fánder Falconí, María Cristina Vallejo, Carlos Larrea y Rafael Burbano, quienes explicaron que dejar el petróleo en tierra en el bloque ITT ahorra –eventualmente- la emisión  de más de 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Además se evitaría la deforestación y se respetaría la diversidad  y a los pueblos indígenas locales.

El libro presenta una reflexión por la cual el Estado debe consolidar el compromiso de renunciar a la explotación de las reservas del bloque ITT. Una de las principales razones es la preservación de la flora y fauna. El Parque Nacional Yasuní tiene una dimensión de casi un millón de hectáreas y es el lugar más biodiverso del hemisferio occidental.

De acuerdo con estudios previos, el parque alberga en el subsuelo una reserva de 846 millones de barriles extraíbles  de petróleo pesado en el Bloque ITT.

No obstante, los autores exponen que aunque la extracción del crudo sería la primera alternativa de enriquecimiento para los países exportadores de petróleo, no constituye una fuente  de crecimiento y desarrollo para el Ecuador. De hecho señalan que “ningún país petrolero en desarrollo ha logrado un crecimiento estable, equitativo y sustentable”.

En esa línea señalan que en Ecuador, el petróleo representó el 57% de las exportaciones entre 2004 y 2010, mientras que los productos primarios alcanzaron el 92% de las exportaciones en 2008, convirtiendo al país en una de las economías menos diversas de América Latina.

En el ámbito social, los beneficios por la explotación petrolera son también limitados. En 2009, la pobreza afectaba al 42% de la población; el subempleo continúa afectando al 47% de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana y el desempleo se mantiene cerca del 7%.

En síntesis, “después de 40 años de extracción petrolera, los resultados económicos y sociales para el país son poco satisfactorios y el impacto ambiental de esta actividad continúa siendo crítico”, concluyen los expertos.       

Generación de recursos

La iniciativa Yasuní-ITT se propone mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles recuperables del ITT, si se consigue una contribución internacional equivalente a menos de la mitad de los ingresos que obtendrá el Estado en caso de explotar el petróleo.  

El valor presente de los ingresos fiscales que se originaría en la extracción de petróleo del ITT se ha estimado en 7.200 millones de dólares, de forma que el capital mínimo del Fondo Yasuní-ITT es de 3.600 millones de dólares a recaudarse durante un periodo de 13 años.     

De acuerdo con el convenio internacional -suscrito en agosto de 2010 por el Gobierno ecuatoriano- el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) administrará el Fondo Yasuní-ITT, garantizando la transparencia y efectividad en el manejo de los recursos.

El capital se invertirá solo en proyectos de energía renovable en Ecuador. Los intereses de este fondo serán invertidos por el Estado bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, es decir la conservación de las áreas protegidas del país, que son actualmente 45 y superan los 4,8 millones de hectáreas, y de otros ecosistemas  remanentes. La conservación adecuada del Parque Yasuní permitirá también que los pueblos Tagaeri y Taromenane continúen en aislamiento voluntario.

A eso se suma el aumento de la eficiencia energética nacional y el ahorro de energía, el desarrollo social de zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa con programas que incluyan educación, salud y generación de empleo productivo y la investigación en energía renovable, desarrollo sustentable y conservación.   

Una de las conclusiones que presenta la publicación es que los ingresos derivados del petróleo no llegan a la población. Señalan que el crecimiento económico en economías extractivas es limitado: “La actividad petrolera es intensiva en capital, con una mínima generación de empleo. De hecho, en el Ecuador, menos del 0,5% de la fuerza laboral trabaja en actividades petroleras”.

En cambio, las afectaciones a la biodiversidad son a gran escala. De acuerdo con estimaciones de un reciente conteo de poblaciones de un alto número de especies representativas, se registra una pérdida del 51% entre 1970 y 2005. Se trata de un ritmo de deterioro más rápido que en la escala global, en donde la tasa de declinación sería del 30%.

Los autores mencionan cinco aspectos que ocasionan esta afectación: actividad petrolera, en primer lugar, la construcción de vías de acceso, la colonización, la explotación ilegal de madera y la cacería comercial, entre otros aspectos.