Aún quedan rezagos del último amotinamiento de los reos del pasado 21 de abril en el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, en el norte de Quito.

Las rejas de las habitaciones que dan a la calle Isaac Albéniz quedaron quemadas después de que los jóvenes privados de la libertad encendieron colchones.

Según el sacerdote Gilberto Rubio Guerrero, director de la institución de rehabilitación, el paso a la prensa está restringido de momento.

Esto luego de que Rubio hiciera público que el lugar adeuda cerca de $ 300.000 a proveedores y en sueldos. 

La infraestructura es antigua y parece un claustro religioso. Afuera de una pequeña puerta esperan los familiares de los reos que ya cumplieron su condena.

Pese a la lluvia, aguardan abuelas, madres y hermanas con miradas de esperanza.

Carmela Cadena espera la salida de su nieto de 18 años, quien cumplió una condena de dos meses por tratar mal a un guardia de seguridad. 

“Yo veo que mi hijo sí ha cambiado”, comenta Cecilia Sánchez. El muchacho de 17 años cumplió una sentencia de siete meses por robo.

Otra joven, quien prefiere no dar su nombre, aguarda por su hermano de 17 años que cumplió una condena de un año seis meses por violación.

El establecimiento, dirigido por la congregación de religiosos Terceros Capuchinos, acoge  hace 24 años a menores de edad que cometieron delitos como homicidio, violación y tráfico de drogas.

Tiene capacidad para 100 menores. Al interior dan seguridad 11 guías penitenciarios que están divididos en dos grupos que rotan.

Todos los que ingresan son menores, pero actualmente el 50% ya cumplió la mayoría de edad y no pueden dejar el centro hasta completar toda su condena.

Hay muchachos desde los 13 hasta los 24 años. Alrededor de 15 jóvenes por año son reincidentes.  

El padre expresó que le quedan pocos días en su cargo “por dar a conocer los problemas de presupuesto del centro”. Sus superiores ya le habrían solicitado que deje la institución. (I)