La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ratificó este viernes 9 de noviembre de 2019 que se hará un cambio en el sector universitario. Se ajustará la repartición de los recursos económicos.

La entidad explicó cómo se procederá con la medida para el 2020, aunque el Legislativo aún no pone fecha para debatir y aprobar el presupuesto estatal del año que se avecina.

Agustín Albán, titular de la Senescyt, precisó que en el presente año el monto para las universidades fue de $ 1.213 millones. Pero para el 2020 será de $ 1.177 millones.

La diferencia, de cerca de $ 37 millones, se debe a dos factores. Para el próximo años se prevé una disminución en la recaudación del impuestos al valor agregado (IVA) y a la renta.

Esos tributos se encargan de alimentar el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). Precisamente, en Ecuador el financiamiento para la educación de pregrado proviene de las asignaciones del Estado, la autogestión y del fondo.

En lugar de hacer que la reducción afecte a todos los centros de pregrado -explicó Albán- el reajuste será en tres tipos de universidades. En ese grupo entran las cofinanciadas (ocho), las de posgrado (tres) y las que no ejecutaron su presupuesto actual (cuatro).

Las cofinanciadas son las universidades Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica de Cuenca, Técnica Particular de Loja,  del Azuay, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Guayaquil y la Tecnológica Equinoccial.

Esos centros, en la actualidad, cobran matrículas y pensiones a sus alumnos. Esa fue la razón para incluirlas en la redistribución.
En cuanto a los centros de altos estudios que se dedican a ofertar posgrados, Albán precisó que en el país ese tipo de formación no está garantizada, porque no es  gratuita. “Lo que justifica la reducción de recursos para esas universidades”.

En Ecuador funcionan tres de estos últimos: la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), que es cofinanciado, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Instituto de Altos Estudios (IAEN), que son públicos.  

En este 2019 el IAEN, según el Ministerio de Economía y Finanzas, tuvo un presupuesto de $ 9,6 millones. Para 2020 será de $9,3 millones.

La Senescyt señaló que las universidades que no ejecutaron sus presupuestos fueron la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), la Universidad Central y la Estatal de Guayaquil.

Solo en la Central se preparan 45.000 jóvenes. De ellos, 7.300 cursan los propedéuticos. Sin embargo, Albán aclaró que en la redistribución de los recursos habrá universidades que presentarán un incremento en sus presupuestos.

El 84% de las instituciones tendrán una mayor asignación del Estado en 2020. En los beneficiados se prepara el 65% de los futuros profesionales. En ese grupo están las universidades de Milagro y las de Manabí y del norte del país. “En términos de equidad, la nueva distribución aporta al desarrollo regional”.

Las reacciones

Para el padre Javier Herrán, rector de la Universidad Salesiana, la medida tendrá un impacto. La ayuda estatal recibida asciende al 7% del monto total que cada año requiere para funcionar ($ 85 millones).

El monto -aseguró- se usa para la asignación de becas. “Entre ellos, los  becados por la misma Senescyt. Los recursos públicos cubrirán hasta el 80% del valor de sus estudios”.

En las tres sedes de la Salesiana (Cuenca, Quito y Guayaquil) se forman 26.000 universitarios. Más de 5.000 estudian con ayuda estatal y 3.000 tienen pensión diferenciada.

Según Herrán, la reducción que enfrentarán las diversas instituciones será de cerca del 6%. “Lo conversamos con rectores de las universidades cofinanciadas”. Él consideró que el más pobre será el perjudicado, pues disminuye la capacidad de educarlos. La Salesiana, indicó, entrega ayudas propias con los excedentes de los pagos del resto.

Por su parte, Florinella Muñoz, rectora de la EPN, expresó que la falta de ejecución de su presupuesto se debe a lo engorroso que son los trámites para realizar una compra pública. De acuerdo con la directiva, la reducción afectará en el desarrollo de la universidad. (I)