Un millón de ecuatorianos de la clase media contrata programas de medicina prepagada

Judy López, hace 8 años, se desvinculó de los seguros médicos privados que adquirió desde que tenía 27 años, porque recibía un mal servicio. Su primera experiencia fue cuando a su mamá no la atendieron. “Me decían que mi mami usaba frecuentemente el seguro. Ella estaba en una edad que necesitaba hacerse exámenes, pero no le quisieron renovar”. Al siguiente año pasó lo mismo con su hijo, quien padece escoliosis. Ambas situaciones la motivaron a finiquitar el contrato.

En la actualidad cuando requiere de atención médica acude al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del que, señala, no ha tenido ningún problema. “Siempre me sentí engañada con los seguros médicos privados, era sorpresa tras sorpresa. Se aprovechan de la situación que uno pasa. Encima que uno paga, debe tener una tarjeta de crédito o una chequera y no siempre lo atienden”, manifiesta Judy, quien está por cumplir 60 años.

En Ecuador aproximadamente un millón de ecuatorianos de la clase media tienen planes y programas de medicina prepagada, según la asambleísta Pamela Falconí, quien llevó a debate el proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada en la Asamblea Nacional.

La razón es que no hay un ordenamiento jurídico acorde con la Constitución de 2008, donde se plantean derechos para las mujeres embarazadas, personas con discapacidad y atención de enfermedades degenerativas y catastróficas.

La nueva legislación se encuentra en segundo debate. De aprobarse reemplazaría a la Ley de Medicina Prepagada de 1998 que contemplaba que los directores provinciales de salud tenían acceso a los planes, montos y coberturas, pero esto no se cumplía.

Falconí explica que la nueva ley regulará a las empresas de medicina prepagada y también a las que venden seguros de salud. Agrega que varias clínicas privadas también ofertan planes de medicina prepagada y que deben ser regulados por la autoridad sanitaria nacional y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para garantizar la calidad de los servicios que brindan. “Este tipo de ley que beneficia a la clase media ecuatoriana, lo que deja establecido son reglas claras para que los usuarios sepan los montos que pagan, a qué corresponde su tipo de cobertura y que no haya discriminación, así como se dejará delimitada las preexistencias, es decir, las enfermedades que tenga una persona desde antes de contratar el seguro. Si declaro ello, no tienen por qué negarme la cobertura, como ocurre en la actualidad”, manifiesta Falconí.

Otro punto fundamental de esta ley es el régimen de sanciones. “Una de las observaciones que solicitamos para segundo debate es que los ciudadanos tengan un plazo de hasta 6 meses para que reclamen en el área administrativa cuando no han recibido un buen servicio”, expresó la funcionaria.

El proyecto de ley también contempla una tarifa cero. Falconí explica que dentro de las ofertas de las empresas los tratamientos preventivos no deben tener costos adicionales. “Si tengo medicina prepagada una vez al año deben darme la oportunidad de hacerme chequeos médicos sin tener costo alguno, porque eso será un ahorro para mí y la empresa”, asegura.

Frente a esta situación, el diario solicitó hace más de 5 días una entrevista con los representantes de las empresas de seguros médicos Ecuasanitas y Salud S.A., pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

Buenas críticas frente a la ley

Isabel Hernández, quien hace 20 años contrató un seguro médico ve conveniente que haya control para beneficio de los usuarios. “Aunque el servicio es de gran ayuda en el momento de una emergencia, lamentablemente pienso que se aprovechan del servicio que no presta el Seguro Social y esto hace que cualquier servicio, sin que sea de lo mejor, sea 1.000 veces superior”. La mujer, que hace poco fue intervenida quirúrgicamente por quistes en el útero, reconoce que al año usa una o 2 veces el seguro privado y paga $ 60 al mes.

Explica que anualmente aumentan un porcentaje por el tema inflacionario y para mantener la calidad de servicios. Su plan le cubre $ 5.000 por evento. “No me puedo quejar porque cuando fui operada este año me cubrió todo. Pagué lo justo”.

Para Judy, la legislación es necesaria. Considera que no deben eliminarlos, sino regularlos. “Los seguros solo reconocen cuando uno está enfermo. No hay nada preventivo. Eso debe cambiar con la ley”.

En otros países, como España, también existen experiencias en la regulación de los seguros privados de salud. Este año, por ejemplo la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados pretende reforzar los capitales propios de las aseguradoras. Organismos como la Asociación de Corredurías de Seguros (Adecose) han pedido que la ley regule a los compradores de seguros para exigirles garantías. Mientras que en Perú hay entes que vigilan y regulan el desempeño de las aseguradoras, el cumplimiento de los seguros ofrecidos por ellas y además otorgan la protección al consumidor, ya que puede denunciar incumplimientos. (I)