La segunda fase de investigación a la gestión de la UASB (Universidad Andina Simón Bolívar) continuó ayer. Un grupo de funcionarios llegó hasta las instalaciones de la institución en la capital, para cumplir con el cronograma de inspección planteado por el Ministerio de Trabajo.

Desde el Departamento de Comunicación del IESS se informó que lo planificado consiste en confirmar que todos los trabajadores (personal administrativo, docente y funcionarios) estén afiliados, que los débitos realizados sean los correctos y que no existan deudas o retrasos en el pago al Seguro Social. El tiempo de la inspección dependerá de la cantidad de trabajadores.

A través de un comunicado, la universidad indicó que durante este lapso el trabajo será con normalidad (clases, atención a estudiantes, entrega de títulos y eventos académicos). Además se informó que los inspectores del Ministerio del Trabajo concluyeron el proceso de “razón de inspección integral” y que del acta entregada por los funcionarios se desprenden mínimas novedades. Está previsto que en las próximas semanas se emita el respectivo informe.

Mientras se espera la entrega del documento, Daniel Bravo, estudiante de una maestría en Gestión para el Desarrollo, opinó que la presencia de inspectores en la universidad, por un presunto mal manejo de fondos, le da una mala imagen a la UASB.  

Bravo también se refirió “al linchamiento mediático” que está viviendo por comentar sobre el proceso de inspección en la universidad donde estudia desde 2014. “A través de Twitter, asambleístas y otras personas, entre ellos periodistas, dijeron que yo trabajo en Ecuador Tv y que me pagaron por dar mi opinión. Nada de esto es cierto”.

Al consultarle sobre las reacciones de sus profesores y compañeros sobre lo que está viviendo, sostuvo que muchos de ellos le han brindado su apoyo, pero no lo hacen público, pues temen represalias.

En caso de que se llegara a confirmar un mal manejo presupuestario en la U. Andina, Bravo sostuvo que sería “lo peor que le podría  pasar a la universidad, pues todo su prestigio se iría al piso”.

La semana pasada Leonardo Berrezueta, del Ministerio de Trabajo, señaló que la diferencia entre las remuneraciones presentadas al CES (Consejo de Educación Superior) y las reportadas al IESS superan el $ 1 millón al año.

Según un informe de los desembolsos realizados por la universidad en 2014, al que tuvo acceso este diario, se habría cancelado al personal académico por sueldos y beneficios sociales un total de $ 4’060.257,17.   

Además, la documentación reveló que el actual rector, César Montaño (cuya designación ha sido desconocida por el Parlamento Andino), recibiría una remuneración mensual de $ 6.490, pero la universidad habría declarado al IESS ingresos por $ 3.027.

Otro de los funcionarios, Ramiro Ávila Santamaría, director encargado de la cátedra de Derecho, reportó al Consejo de Educación Superior (CES) un ingreso de $7.862, mientras que en la planilla del IESS figuran $ 2.563.

En esa misma situación estaría César Montúfar, director de Estudios Sociales y Globales, cuyo salario declarado sería de $ 6.570; mientras que en el IESS consta  $3.027. Al ser consultado sobre esa inconsistencia, Montúfar, presente en la posesión de Montaño (el pasado 15 de enero de este año), solo expresó que “en cuanto a los salarios la universidad lleva una gestión transparente”.   

Además de las inspecciones del IESS y del Ministerio de Trabajo, la Contraloría General del Estado realizará una auditoría del manejo de los recursos públicos entregados a la UASB. Así lo informó René Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Ramírez subrayó que en ocasiones pasadas la universidad negó el ingreso de la Contraloría para que realizara ese procedimiento.

El secretario también criticó la llamada ‘autonomía universitaria’ que dicen defender las autoridades del centro de estudios. Apuntó que uno de sus funcionarios incrementó sus ingresos 6 veces en los últimos 5 años, y ejemplificó que en 2009 devengó $ 26.000 y en 2014 $ 143.000.  

La Contraloría informó que se inspeccionarán 6 años de gestión de la Andina, desde e1 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015.  Estos 6 años son parte de los 18 años de rectorado de Enrique Ayala Mora. El historiador, según reporta el SRI, pagó por impuesto a la renta $ 2.895 en 2008 y en 2014 (6 años después) canceló más de $ 14.000.

El objetivo de la auditoría es examinar los procesos de selección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios del personal directivo, docente y administrativo vinculado a la Universidad Andina.  

Según el comunicado enviado por esta entidad de control, la inspección también abarcará los procesos de contratación de bienes y servicios -incluidas consultorías- respecto de los recursos transferidos por parte del Estado a la institución de educación superior.

Está previsto que hoy se reúna en Quito el Consejo Superior, presidido por Luis Fernando Duque para analizar el nombramiento de César Montaño como rector. (I)

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El Parlamento desconoce al rector

El Tribunal puede acoger decisiones de cancilleres

Si bien la Universidad Andina Simón Bolívar (sede Quito) es un organismo de derecho público internacional, según sus estatutos debe respetar las normas vigentes del país donde la CAN funciona, en este caso Ecuador.  

En base a esto, en meses pasados, el Parlamento Andino resolvió desconocer la designación de César Montaño como rector de la universidad, por transgredir la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). Él fue habilitado para ser titular de la institución a pesar de obtener un doctorado en la Andina, lo cual viola la LOES.

La propia UASB fue creada por el Parlamento, organismo que trata de solucionar la polémica en torno al nombramiento del rector. Las autoridades salientes interpusieron una causa ante el Tribunal Andino de Justicia.

Una de las atribuciones de este Tribunal es precisamente: “dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración”.

El ente emitió una resolución explicando que lo acordado por el Parlamento, sobre el nombramiento de Montaño, no es vinculante.

Lo que también dice la resolución del Tribunal es que el organismo solo “puede conocer las decisiones del Consejo de Ministros”. Los cancilleres, uno por cada país de la CAN, ya expresaron que desconocen la designación de Montaño y que apoyan al Parlamento. (I)

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La institución no rinde cuentas

El Estado financia el 70% de la UASB

La auditoría de la Contraloría en la UASB (Universidad Andina Simón Bolívar), anunciada por el titular de la Senescyt, René Ramírez, también abarca un examen a la administración de los fondos recibidos por el Estado. En total, la institución de educación superior recibió $ 17 millones en 2015, lo que constituye el 70% de las asignaciones de otros países de la CAN (Comunidad Andina de Naciones).

En octubre de 2015, el rector saliente, Enrique Ayala Mora, expresó al diario El Norte de Ibarra que más del 50% del presupuesto ($ 22 millones) proviene de fondos estatales. Y lo restante es cubierto por la colegiatura que pagan los casi 2.300 estudiantes de posgrado.

El costo total de la maestría es de alrededor de $ 10 mil,  $ 4.900 pagan los ecuatorianos y otros miembros de la CAN.

Al recibir fondos públicos, la Andina debería reportar o rendir cuentas de su gestión, tal cual lo hacen otras universidades con dinero estatal y con derecho internacional, como la Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).     

La LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) estipula que exista esta rendición de cuentas y que se publique en la página web de cada universidad.

Ante esto, Enrique Santos, consejero del CES (Consejo de Educación Superior), indicó que “así sea en el marco de un convenio internacional, evidentemente, el Estado ecuatoriano tiene toda la potestad de exigir control y transparencia”. (I)