Han transcurrido cuatro meses y diez días desde que Marcela Tipantuña fue internada en el hospital Eugenio Espejo de Quito, tras sufrir un grave accidente de tránsito cuando caminaba por las calles de su barrio en Llano Grande, al norte de la ciudad.

Con sus 25 años y cinco meses de embarazo fue arrollada por un automóvil mientras iba con su esposo por la vereda. El conductor, en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo  y se les fue encima. El carro avanzó  frente a ellos invadiendo prácticamente toda la acera, por lo que fue imposible escapar de su embestida.

Marcela recuerda cada minuto del accidente,  hasta cuando llegó al hospital... Allí perdió la conciencia. “Fue horrible el impacto”, rebobina,  “sentí como el carro me tiró al piso y cuando abrí los ojos me vi entre las ruedas traseras, debajo del carro y desde allí a mi esposo tirado a un lado del auto”.

Cuando llegaron la Policía y la ambulancia e iniciaron los trabajos de rescate, el único pensamiento fijo en la mente de Marcela era el estado de la hija que llevaba en el vientre, quien, además, se convertía en el motivo para resistir el indescriptible dolor que invadía su cuerpo.

Como consecuencia del accidente, su esposo presentó fractura en la clavícula y dos costillas; Marcela fue la más afectada, resultó con fracturas en la pelvis y columna, así como lesiones pulmonares y medulares que le llevaron a someterse a varias cirugías, entre ellas la de una cesárea obligatoria por la muerte de su hija; en los próximos días deberá realizarse dos cirugías más debido a las escaras que se la han formado en la piel por permanecer acostada.

A las pocas semanas del hecho, su pareja, con quien llevaba tres meses de matrimonio, logró recuperarse y obtener el alta, mientras que a ella, los médicos le comunicaron que solo con un milagro volvería a caminar.

“Sentí que el mundo se me derrumbó, hasta hace poco mis planes eran tener a mi hija y compartir mi vida con ella y ahora  no tengo nada”. Esa sensación estuvo mortificándola durante varios días.

Al dolor de la noticia de su imposibilidad de caminar y la pérdida de su primera hija, se sumó el abandono de su esposo, quien al saber de la noticia no volvió a visitarla.

“Supongo que no me quería lo suficiente o sintió que era mucha responsabilidad para él”, suelta, voz entrecortada,  con  una inquieta y  chispeante  mirada que quizás refleja  la ansiedad   por dar con una explicación a lo que le está pasando.

Su familia se encargó de los trámites de indemnización por parte de quien provocó el atropello, pero los 5.000 dólares que le entregaron por lo ocurrido no serían suficientes.

Según Jeaneth Saltos, trabajadora social del Centro de Discapacidades del Hospital Eugenio Espejo, los pacientes que sufren un accidente de tránsito y quedan con algún tipo de discapacidad, además de la ayuda económica y asesoría jurídica, necesitan urgentemente apoyo psicológico. Un servicio que difícilmente brinda alguna entidad del país.

Los cambios que se dan con un accidente, aun cuando sea leve, son traumáticos para las víctimas y sus familiares. “Cuando estos son graves y generan discapacidad, la víctima, muchas veces, se convierte en una carga para la familia”, cuenta, “en varias ocasiones las dejan internas en el hospital y no regresan hasta cuando reciben el alta”.

Guillermo Abad, director de Justicia Vial, coincide con este criterio y considera que es el Ministerio de Salud Pública el encargado de crear espacios a los que la gente pueda acudir en estos casos. “No solo es el impacto de un hecho que ocurre sorpresivamente, sino la frustración que provoca seguir los trámites legales”, opina.

Según datos de la Dirección Nacional de Tránsito, en el 2009 (con excepción de Guayas) se registraron 14.992 accidentes de tránsito, de los cuales el 42,9% corresponde a choques, el 18,8% atropellos, el 16% estrellamientos, el 7,2% volcamientos, el 3% encunetamientos y el resto corresponde a hechos menores.

Entre las causas de estos accidentes, la impericia del conductor ocupó el primer lugar con el 42%, el 19% correspondió a exceso de velocidad y en tercer lugar se ubicó el estado de embriaguez con el 10,9%.

En el 2010 la cifra de accidentes se incrementó a 16.405; de estos, la impericia del conductor representa el 48%, el 15,6% exceso de velocidad, el 11,9% se relaciona con el consumo de alcohol y el resto a causas de menor gravedad.

David Quishpe Soria sabe que accidentes hay todos los días, pero recuerda vivamente uno que le marcó la vida: aquel suscitado a las 05:50 del pasado 13 de abril en el km 56 de la vía Guayas-Manabí.

Viajaba en el bus número 82 de la línea Coactur, que había abordado a las 05:15 en la terminal terrestre de pasajeros de Guayaquil, acompañado de su amigo Pablo Alvarado. Ambos se dirigían a Portoviejo para dictar unas charlas de concienciación sobre la prevención del VIH/SIDA en varios planteles educativos de la capital manabita.

Quishpe cree en el destino y una prueba fehaciente de aquello la atribuye a haber tomado ese bus por cuestiones de tiempo, ya que, según relata, en ocasiones anteriores había preferido viajar en las unidades de la cooperativa Reina del Camino.

Transcurrieron apenas 35 minutos de viaje y la unidad transitaba a más de 120 km por hora cerca de la población de Isidro Ayora, cuando un fuerte estruendo interrumpió el incipiente sueño de Quishpe. Desorientado, afirma, recuerda estar sobre el pasillo y tener su pierna derecha  enganchada entre uno de los asientos.

El bus en el que viajaba Quishpe chocó frontalmente contra otro similar que había salido a las 04:00 desde Manta hacia Guayaquil y que invadió el carril contrario, impactando al que se dirigía a Portoviejo.

Los dos conductores (José Luis Morillo Cuzme y Adrián Delgado Andrade, ambos con licencia profesional tipo E) y nueve pasajeros, que ocupaban los primeros asientos, fallecieron en el momento. Otros seis murieron, unos durante el rescate y otros después de llegar a los hospitales en donde recibieron los primeros auxilios.

Después de 45 días, el hombre se recupera lentamente en el departamento que alquila en Sauces 6, al norte de Guayaquil, y en el que vive junto a su esposa y dos pequeñas  hijas, de 7 y 2 años.

Relata que recibió los primeros auxilios en el hospital de Pedro Carbo, posteriormente fue trasladado hasta el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, donde lo intervino un quiropráctico y le incrustaron varios clavos de platino en la rodilla y cadera. Actualmente se ve obligado a movilizarse en una vetusta silla de ruedas que le prestó un amigo de la familia y a estar a expensas de lo que pueda percibir su esposa proveniente de la exigua venta de cosméticos por catálogo.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) asumió los gastos hospitalarios que ascendieron a cercar de 900 dólares, no obstante, fuera del nosocomio, Quishpe ha gastado casi 500 dólares más entre consultas, medicinas, radiografías, muletas, etc. Gastos que tiene justificados, por medio de facturas, con la expectativa de que le reembolsen  el dinero hasta ajustar el monto global al que tiene derecho. La indemnización que debe recibir por parte del SOAT asciende a 2.500 dólares. Sus familiares fueron quienes enfrentaron los trámites con la aseguradora.

Eva Álvarez, funcionaria de Corposoat (Corporación de las aseguradoras del SOAT), informa que en este caso las aseguradoras Colonial e Interoceánica estuvieron prestas para agilizar los trámites respectivos a fin de entregar las indemnizaciones a las personas afectadas y a familiares de las personas fallecidas.

Según indica, las víctimas no tienen que hacer ningún trámite por la atención médica, ni pagos, hasta alcanzar un monto de 2.500 dólares. “Este lo asume de inmediato la Aseguradora que haya emitido el certificado SOAT”, explica.

El mayor Juan Zapata, vocero de la Policía de Tránsito, afirma que el 92% de los accidentes se atribuye al factor humano, “esto quiere decir que fue culpa de la persona, como conductor, pasajero o peatón. Es necesario un cambio de actitud”. De igual manera, asegura que es fundamental el apoyo emocional y que proporcionarlo es responsabilidad el Estado.