Lenín Moreno, presidente de la República, mantuvo este martes una reunión con los ministros de Trabajo, Inclusión Económica y Social, Salud, Educación y del Consejo Intergeneracional, con el fin de conocer el avance de la lucha contra el trabajo infantil en el país.

La citadas carteras de Estado presentaron al Primer Mandatario un plan de acción con tres ejes: fortalecimiento de la protección social, la corresponsabilidad de las familias y la atención del trabajo infantil peligroso.

El primero está relacionada con las transferencias monetarias (bono de desarrollo humano y variable); el segundo con las familias que reciben los bonos para que sus niños tengan derechos a la salud y educación; y el tercero con los infantes que laboran en canteras, minas y basurales.

El Primer Mandatario señaló que el 5,4% de la población infanto-juvenil trabaja, y que la meta para la segunda parte de su Gobierno es reducir la cifra al 2,4%.

Según Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, existen 380.000 chicos, de entre 5 y 7 años, que trabajan.

En 2013 el país tuvo una fase de disminución progresiva (había 250.000), pero por las circunstancias macroeconómicas y la disminución a la protección social,  se presentó un incremento paulatino de la situación.

Las actividades que realizan están relacionadas a labores agrícolas no remuneradas y con la trata de personas. De acuerdo con el Gobierno Nacional, del trabajo peligroso se han desvinculado 4.000 menores (de un total de 10.000). Esto es parte del plan estratégico  implementado desde septiembre de 2018.

Para este año se calcula el retiro de 6.000 mil miembros del grupo etario.

Además, el Ministerio de  Trabajo realiza inspecciones  en lugares donde puede haber niños laborando.

En el sistema educativo, las autoridades realizan un seguimiento a las familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano y Variable, para que los niños accedan a la instrucción.

“Garantizamos que todos  tengan un cupo en la educación pública. Esto es parte de la estrategia”, explica Francisco Cevallos, viceministro de Educación.

El informe de Observancia de Trabajo Infantil efectuado por el Consejo de Igualdad  Intergeneracional reza que es  clave sostener la inversión en el área social, profundizar  un modelo económico redistributivo, inclusión educativa y laboral de las familias.

De su lado, los representantes del Ejecutivo señalan que es importante el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados para cumplir con lo que dispone la Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial:  inversión del 10% del presupuesto local para atender los problemas sociales.

“Recomendamos que se realice una encuesta especializada de trabajo infantil para tener datos profundos”, expresa Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo de Igualdad Intergeneracional.

 En las calles de Guayaquil ayer se realizó una campaña para erradicar el problema.

La activación denominada “Luz roja al trabajo infantil” se replicó en las avenidas más transitadas: Machala y Gómez Rendón, 25 de Julio norte-sur y Francisco de Orellana. Los conductores recibieron volantes con información sobre dónde denunciar casos de niños en esta situación. (I)