Invisibilización, discriminación de clase, vulneración de derechos laborales y violencia de género son las condiciones a las que se enfrentan a diario las trabajadoras remuneradas del hogar (THR), según un estudio desarrollado por la Fundación Care.

El documento indica que el 88% de la tarea doméstica remunerada, a nivel nacional, la realizan mujeres y que la mayoría proviene de sectores rurales y populares del país.

Y de ellas, solo el 41% se encuentra afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de un total de 222.495; es decir, el 59% trabaja sin garantías laborales. Se conoce que su horario  diario no es respetado, ya que cumplen más de 12 horas en los quehaceres domésticos, sin momentos de descanso.

 Relatos recogidos en el estudio determinan la existencia de diferencias de clase social de manera cotidiana entre patrones y trabajadoras.

Un ejemplo de esta situación es Carmen, quien tenía que cocinar dos veces al día: una  comida para los dueños de la casa y otra para ella; y no podía utilizar la vajilla. Ella debía comer en los platos viejos y apartada del comedor.

“Las prácticas de diferenciación con los empleadores se dan con base en la condición social, el origen étnico y se busca generar una jerarquía con relación a las características de las mujeres”, indica la investigación.

El  organismo señala que la Defensoría Pública, entre 2017 y 2018, atendió 400 casos por violencia de género, 46 por agresión psicológica, 44 por violación y abuso sexual y 196 por violencia intrafamiliar.

Alexandra Moncada, directora de Care-Ecuador, dijo que el trabajo doméstico es la primera alternativa laboral para las niñas y jóvenes que provienen de comunidades indígenas, afro y sectores rurales, que buscan incorporarse al mercado laboral.

“Es una opción que se presenta bajo las inadecuadas condiciones que ofrece el país para que las mujeres jóvenes puedan insertarse en el sistema laboral”.

Moncada recalcó que existen pocas oportunidades para que las mujeres que provienen de estos sectores sociales accedan a la educación, a un trabajo estable; y que solo se podrá solucionar si existe un consenso entre todos los sectores sociales. 

Rutas de atención
Las trabajadoras remuneradas del hogar cuentan con una ruta de atención en casos de violencia de género y acoso laboral.

La guía fue presentada, ayer, por la mesa interinstitucional conformada por el Consejo para la  Igualdad de Género, ONU-Mujeres, Care, Universidad Andina Simón Bolívar, Ministerio del Trabajo, Unión de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, entre otras.

La Ruta cuenta con dos sistemas, el primero es en caso de atención por violencia de género en el trabajo y el segundo por vulneración de derechos laborales.

Paola Mera, secretaria técnica del Consejo para la Igualdad de Género, indicó que el objetivo de la ruta es brindar información y los caminos a los que pueden acceder en casos de requerir una mediación administrativa de protección desde el Ministerio de Trabajo.

Mientras que la segunda ruta permite el acceso a la normativa de protección que brinda la Ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, es decir, las denuncias por violencia de género y se pueden realizar en las juntas cantonales, tenencias políticas, fiscalías.

“Estas son herramientas de atención para las trabajadoras remuneradas del hogar, donde el Estado da una respuesta de atención y protección a las mujeres”.

Lenny Quiroz, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, recalcó que la ruta fue construida en consenso entre el Estado y  los colectivos de la sociedad civil.

“Queríamos informarles a a las compañeras que existen diferentes maneras de ser violentadas, que no debemos naturalizar este tipo de situaciones, no debemos callar, sino  denunciar las agresiones porque todas tenemos derechos”, recalcó.

Situación en la región
Bibiana Aído, representante de ONU-Mujeres Ecuador, señaló que datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registran que 60 millones de personas realizan trabajo remunerado del hogar en todo el mundo.

El 90% son mujeres, de las cuales el 20% tiene un trabajo formal, solo el 10% cuenta con seguridad social y el 30% se encuentra excluida por la legislación laboral.

En América Latina, 19 millones de personas realizan este trabajo, que constituye  el 7% de la ocupación urbana y representa el 37% del trabajo doméstico en el mundo.

“En vista de que la mayoría de trabajadoras del hogar son mujeres, nos encontramos ante un fenómeno eminentemente femenino y urbano”.

Aído indicó que la situación de este sector laboral es de baja valoración monetaria y desmerecimiento para quien lo realiza. Además, de soportar casos de violencia, acoso y desigualdad social. 

Señaló que a partir de 2011, los países miembros de la OIT adoptaron el convenio 189 sobre el trabajo doméstico, que reconoce los derechos laborales de este sector.

Entre estos: pago del salario mínimo, limitación de la jornada, descansos remunerados, protección de la maternidad y seguro social. 

El Estado ecuatoriano ratificó el acuerdo 189 de la OIT y en junio participará, en Ginebra, en el debate del Convenio 190 sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. (I)