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Ecuador, 23 de Febrero de 2025
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Trabajadoras del hogar reciben disculpas públicas

Maximina Salazar (izquierda) formalizó la denuncia contra Pellacini ante la Supercom, el 23 de diciembre.
Maximina Salazar (izquierda) formalizó la denuncia contra Pellacini ante la Supercom, el 23 de diciembre.
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El 14 de diciembre de 2016, en un programa de la radio Impacto FM 98.9, Andrés Pellacini se refirió a las leyes de las trabajadoras remuneradas del hogar.

En dicho espacio expresó: “Si yo fuera Presidente (de la República) o si yo tuviera el poder para hacerlo digo señores, a partir de ahora las empleadas domésticas pueden ser despedidas en cualquier momento, sin ninguna indemnización de absolutamente nada”.

Su declaración produjo quejas por parte del colectivo. Maximina Salazar, presidenta de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar en Guayaquil, pidió al actor que se disculpara. Luego formalizó la denuncia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Justamente, el jueves 23 de marzo la estación cumplió con la sanción de pedir disculpas públicas en su página web. Esto en respuesta a la resolución que tomó, el 1 de marzo, la presidenta de la Cordicom, Tamara Merizalde, al calificar de discriminatorio el contenido.

Salazar ayer aseguró que la medida tomada demuestra que las leyes en el país se cumplen.

Ella recordó que las trabajadoras del hogar antes no tenían la oportunidad de denunciar, ni una Ley de Comunicación que las ampare. “En 1998 se conoció el caso de una compañera que recibió maltrato físico y fue abandonada. Eso quedó en la impunidad, pero ahora no vamos a permitir ningún tipo de atropello”.

El abogado Paúl Marín explicó que además de la sanción a la radio, Pellacini fue demandado por delito de odio por sus declaraciones. El 29 de marzo deberá presentarse a rendir su versión de forma voluntaria. Es la quinta vez que ha sido llamado, pero no se ha presentado. “Ahora se investiga la conducta dolosa de Pellacini por discriminación y por delito de odio a este grupo. Si esto se demuestra, la condena es de 1 a 3 años en la cárcel”.

Richard Gómez, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), mostró su respaldo al colectivo y precisó que 600.000 empleados apoyan la lucha que Maximina lidera por los derechos del grupo.

Salazar recordó los logros del gremio, entre ellos, el acceso a salario básico unificado, la afiliación a la seguridad social. “Nos costó mucho que nos incluyan dentro del Código de Trabajo, no vamos a permitir que nadie vulnere nuestros derechos nunca más”. (I)

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