Reajustar el presupuesto de las instituciones públicas es la consigna del Gobierno Nacional. Por eso se recortó  en cerca de $ 98 millones el rubro que perciben las 32 universidades y escuelas politécnicas públicas.

Sin embargo, para las instituciones de educación esa disminución, que en promedio representa el 10% de sus ingresos, tiene una implicación mayor porque afecta directamente a lo que consideran su razón de ser: el talento humano.

Por eso los rectores consultadas justifican el que en sus presupuestos se destinen entre el 70% y 80% al pago del personal docente, administrativo, la investigación y los servicios básicos, que en conjunto forman el  gasto corriente, mientras que el dinero restante va a la inversión.

Florinella Muñoz, la primera mujer rectora de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), expresa que el gasto corriente de su institución -antes del recorte era algo más de $ 63 millones y la inversión cerca de $15 millones- y da razones que  justifican esas cifras.

En la EPN se forma técnicamente a 8.500 estudiantes y cada semestre recibe en promedio 1.500 alumnos en nivelación.

Para atender todo el alumnado de pregrado cuenta con 360 docentes titulares y 225 ocasionales. Estos últimos son precisamente quienes imparten conocimiento a los estudiantes que llegan luego de aprobar el Ser Bachiller.

“La parte inicial de la universidad está comprometida porque el número de profesores ahí es alto y con el recorte no podríamos contratarlos. (...) Esto pone en riesgo la apertura  porque no podemos decir esta área se abre y esta no”.

Afirma que el rubro de personal, del que les restaron $ 4,5 millones, era lo último que se podía tocar porque es el valor y la esencia de la universidad.

“El personal tiene su especificidad y cualificación para la docencia, la investigación y la vinculación”.

 Por eso, incluso como parte del gasto corriente, maneja $ 1,5 millones para becas de estudiantes.

Dice que hay rubros, como los eventos o viajes nacionales, que por la pandemia no se gastarán. Pero aclara que no equivalen a la suma ya descontada.

Para Nikolay Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja (UNL), no hay opción de reducir su presupuesto de $ 36,7 millones y cuyo 80% está destinado al pago de personal, entre ellos 786 docentes (304 titulares) que forman a 10.500 alumnos en 36 carreras presenciales y 9 a distancia.

 “El servicio de toda universidad es brindar talento humano para capacitar a los jóvenes que vienen a formarse y ser los profesionales que hoy combaten, por ejemplo, la pandemia”.

El recorte a esta institución es de $ 3 millones, lo que pone en riesgo la apertura de la totalidad de su oferta académica, ya que ese monto representaría no contratar a 220 maestros.

Señala que la medida es totalmente inconstitucional. “Con un recorte superior al 5% una institución ya no es viable, y ese es nuestro caso porque funcionamos hoy con lo mínimo para garantizar una educación de calidad”.

Por eso propone como alternativa cobrar a las empresas los $ 1.400 millones que adeudan al Servicio de Rentas Internas.

Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, dice que en su institución, algo más de $ 52 millones, de los $ 95 del presupuesto anual, son para el pago de casi 1.200 docentes.

Por eso afirma que el recorte de $ 5’547.000 es inmanejable porque implicaría la no contratación de cerca de 450 maestros y el cierre -en septiembre- de una parte de las 50 carreras que ofertan, siendo la más demandada la de Medicina.

Vanegas justifica que más del 60% del presupuesto vaya al pago de personal. “Porque las clases y la investigación, se hacen con personas y en función de los estudiantes para una educación de calidad”.

Los rectores dicen que los $ 5.354 que perciben como ingresos se basan en el escalafón de esa dignidad, establecido en  la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Para el secretario de la Senescyt, Agustín Albán, es necesario optimizar y trabajar de manera conjunta con las universidades para reorientar los gastos. (I)