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El Telégrafo
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El sistema educativo es inclusivo con 34.450 menores

La Constitución de la República garantiza el acceso universal a la educación para todas las personas; esto incluye a los hijos de los migrantes. El costo referencial por cada alumno en el nivel básico es de $ 847,77, según información del Ministerio de Educación.
La Constitución de la República garantiza el acceso universal a la educación para todas las personas; esto incluye a los hijos de los migrantes. El costo referencial por cada alumno en el nivel básico es de $ 847,77, según información del Ministerio de Educación.
Foto: John Guevara / El Telégrafo
08 de septiembre de 2019 - 00:00 - Amanda Granda

1’926.026 niños y adolescentes del régimen Sierra-Amazonía del país volvieron a las aulas para cursar el año lectivo 2019-2020. Del total del estudiantado, 19.135 menores nacieron en otro país, principalmente en Venezuela y en Colombia, indicó el Ministerio de Educación (MinEduc).

El actual ciclo escolar registra una disminución de alumnos extranjeros en comparación con el año lectivo 2018-2019. En ese período, 27.782 estudiantes foráneos se matricularon en Educación Inicial, Básica, Básica Superior, Media y Bachillerato.

En Ecuador, el acceso a la educación para todos, incluidos los hijos de los migrantes, está garantizado en la Constitución de la República.

Según el MinEduc, el costo referencial por cada alumno, durante un ciclo escolar en Educación Inicial es de $ 979,12; en Básica es de $ 847,77, mientras que la inversión que hace el Estado por cada estudiante de Bachillerato es de $836,82. El monto considera los recursos educativos como uniformes, textos escolares y alimentación.

Kerly Viteri, de 11 años, llegó, junto a su hermano Elian, de 21, hace un mes a Quito desde Caracas, Venezuela. Los hemanos viajaron solos para encontrarse con sus padres que arribaron a la capital en 2017. Antes de que ellos inicien su travesía, la mamá de ambos, Joselina Calle, buscó una plaza de trabajo para su hijo, en el mismo local comercial donde ella labora; y para su hija tramitó su inclusión en el sistema educativo estatal.

Los uniformes, los textos y los refrigerios diarios no salen del bolsillo de la madre de familia “llanera”. Su hija ingresó a la Unidad Educativa Réplica Mejía, en el sur de la ciudad. Ahí los alumnos reciben, de forma gratuita, esas ayudas escolares. Del total de unidades educativas que funcionan a escala nacional, 12.757 entregan alimentación a sus estudiantes.

Calle acompañó a su sobrino Byron, de 9 años, en el inicio de clases, el menor fue matriculado en la Unidad Educativa Seis de Diciembre, en el centro de la urbe. En ese establecimiento los chicos no reciben uniformes ni refrigerios, pero sí los libros.

Magaly Chávez, rectora del establecimiento, informa que para este año 2019 están matriculados 1.140 menores. De ellos, más de 100 son extranjeros (venezolanos, colombianos y haitianos) señala la funcionaria.

La cartera de Estado explicó que el mecanismo de asignación, en los planteles públicos, aplica para todos los aspirantes y es sustentado bajo el criterio de cercanía de la residencia actual. Los representantes o padres de familia, al ingresar a la plataforma informática, proporcionan la información del domicilio mediante el código de la planilla eléctrica.

Cuando un niño o adolescente no dispone de documentación académica que avale los estudios cursados en su país de origen se aplica la rendición de exámenes de ubicación. Esta acción consta en el artículo 167 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Este trámite se realiza en cualquiera de los 140 distritos educativos que funcionan en todo el país. Esas instancias delegan una institución escolar para que el aspirante sea evaluado en varias materias y así logre continuar sus estudios. El plazo máximo de atención para esta solicitud es de 15 días laborables desde el ingreso del trámite.

A los 19.135 escolares extranjeros que este lunes 9 de septiembre iniciarán su segunda semana de clases se suman 9.587 alumnos que actualmente cursan el mismo año lectivo, pero en el régimen Costa. Ellos empezaron clases en abril del 2019.

En Ecuador existen dos regímenes para la educación básica y el bachillerato, uno para la región Sierra y Amazonía, que va desde septiembre hasta julio; y un segundo para la Costa y la región insular que se inicia en abril y culmina en enero.

Entre 2017 y 2018 se matricularon 34.089 chicos foráneos. Esa cifra es la más alta en relación con los años anteriores: entre 2015 y 2016 hubo 33.948 y entre 2016 y 2017, el número fue 32.367.

educaciónLos niños con autismo se forman en centros fiscales con la guía de docentes capacitados para su educación. Foto: Mario Egas / El Telégrafo

La educación pública nacional no solo es inclusiva con los hijos de los migrantes que se radican en el país, el sistema también acoge a 31.634 niños y adolescentes que viven con algún tipo de discapacidad. Ellos se educan en el actual ciclo escolar de los dos régimenes de educación.   

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la formación inclusiva es una poderosa herramienta para combatir la exclusión social y se basa en el derecho que tienen todos los estudiantes de recibir una instrucción que atienda sus necesidades básicas de aprendizaje y mejore su calidad de vida.

El organismo internacional detalla, en un comunicado, que este tipo de formación se apoya sobre el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de educación diferentes, y que es responsabilidad de aquellos que diseñan los sistemas educativos en funcionamiento contemplar y dar respuesta a esta realidad.

En Ecuador, según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), habitan 458.505 personas con algún grado de discapacidad física, intelectual, auditiva, visual o psicosocial. De esa cifra, 60.976 son niños y adolescentes, de 0 a 17 años: 30.350 (49,77%) con discapacidad intelectual, 18.995 (31,15 %) física, 5.416 (8,88%) auditiva, 3.014 (4,94%) visual y 3.201 (5,25%) psicosocial.

A pesar de que el MinEduc cuenta con 40 Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión, aún hay mucho trabajo  por hacer, indica Baquero, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. “Los niños sordos son visuales y el material que reciben incluyen productos en audio o libros impresos... de esa manera, ellos no entienden”.

Por ello -menciona- trabajan en la generación de material didáctico para el aprendizaje de estos pequeños. Un primer proyecto que han puesto a consideración de la cartera de Educación es tomar un determinado libro y adaptarlo a lengua de señas ecuatoriana.

En cuanto a la discapacidad intelectual, el autismo prevalece, para ello, los centros educativos contratan docentes capacitados. (I)

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