Se quiere impedir un modelo distinto de universidad: Breilh

Catedráticos y estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) se reunieron ayer en el paraninfo del centro de altos estudios.

En el encuentro analizaron la reciente aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y Mecanismos para Asegurar la Eficiencia en la Distribución y Uso de Recursos Públicos en el Sistema de Educación Superior.

La normativa que está a la espera del veto del Ejecutivo establece obligaciones de las entidades para que los centros de educación superior cofinanciados y los que operan en Ecuador, bajo acuerdos y convenios internacionales, como la UASB y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), accedan a fondos públicos.

Entre los requisitos consta someterse al control de la Contraloría General del Estado, destinar los recursos recibidos al otorgamiento de becas y eximir a los estudiantes matriculados con beca total de cualquier pago de arancel.

A esto se suma el plazo de nueve meses contados a partir de la publicación de la norma para que ajusten el salario de sus directivos en las escalas remunerativas establecidas.

También, las sedes en Ecuador no podrán mantener activos en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas, ni participar en la constitución de negocios fiduciarios.

En días pasados, la Superintendencia de Bancos dio un plazo para que la UASB cierre sus cuentas privadas. Desde el departamento de Comunicación de la entidad se conoció que el pedido sigue en fase de comprobación.

Frente a la aprobación de la ley, Jaime Breilh, rector de la UASB, denunció que “se quiere impedir un modelo distinto de universidad cuando se pretende imponer un modelo de otro carácter”.

Agregó que la normativa pretende justificar la no entrega de los recursos públicos a la universidad que dirige. “Fondos que nos corresponden por derecho constitucional y que tienen la legitimidad del deber cumplido”. Hasta el cierre de la edición continuaba la asamblea.