Santos: La ley fue socializada con rectores

El Consejo de Educación Superior (CES) cuestionó ayer las observaciones de los rectores que se oponen a la Ley de Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas y Mecanismos para Asegurar la Eficiencia en la Distribución y Uso de Recursos Públicos en el Sistema de Educación Superior.

Enrique Santos, presidente del CES, aclaró que la normativa (que espera el pronunciamiento del Poder Ejecutivo) previamente fue socializada y consensuada con los rectores de ocho universidades cofinanciadas del país.

Esta semana, Jaime Breilh, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), aseguró que las reformas politizarían el sistema de becas y afectarían el acceso de los estudiantes de estratos más desfavorecidos a posgrados. Breilh confirmó ayer que esta institución mantiene fondos en el exterior, aunque no precisó el monto.

De igual manera, Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que la normativa elimina el financiamiento de investigación para las instituciones de educación superior que operan en Ecuador bajo convenios internacionales.

La ley aprobada por la Asamblea Nacional puntualiza las reglas para  las ocho universidades cofinanciadas y las dos de posgrados que reciben recursos del Estado.  

Así, las sedes de las universidades en Ecuador -reza el texto- no podrán mantener activos en el exterior, de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas ni participar en la constitución de negocios fiduciarios. Además, deben someterse al control administrativo de la Contraloría General del Estado.

El directivo del CES recalcó que hubo un diálogo con los involucrados en la elaboración del documento, pero la Andina no participó, pues estaba en proceso de designación de su autoridad.

De igual manera, enfatizó que el Estado tiene la competencia para regular el uso de las instituciones a las que dan fondos públicos.

Por su parte, René Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), indicó que recibirán los dineros para investigación los centros que cumplan con requisitos. “Los recursos son públicos y tienen que rendir cuentas”.

El funcionario recordó que un informe de la Contraloría reveló que en la Universidad Andina se pagaron sueldos muy por arriba de lo que señala la normativa nacional y seguros. “Hubo un mal manejo por cerca de $ 4 millones”.

En cuanto a las becas, Ramírez precisó que anteriormente las universidades entregaban las ayudas en función de los aranceles que cancelaban los estudiantes. Ahora -añadió- las subvenciones se distribuirán al igual que a los estudiantes de una universidad pública categoría A. “Con este nuevo mecanismo se pasaría de 14.000 a 27.000”.

Finalmente, Ramírez aclaró que no se ha planificado ninguna intervención en la Andina. También consideró la posibilidad de mantener una reunión con sus autoridades y con las de la Flacso. (I)