La justicia chilena dio este viernes 13 de julio un nuevo revés a la Iglesia católica del país, salpicada por numerosos escándalos de pederastia, con la orden de prisión preventiva para el sacerdote Óscar Muñoz, acusado de abuso sexual y estupro de al menos siete menores.

Detenido el jueves en Santiago, Muñoz fue trasladado a la ciudad de Rancagua (120 km al sur de Santiago), donde un tribunal ordenó la prisión preventiva por 180 días mientras dura la investigación.

Este es el primer caso en el que un cura es arrestado y llevado ante la justicia desde que en mayo pasado el Papa Francisco adoptó medidas correctivas tras el escándalo generado por encubrimientos de curas pederastas en el seno de la Iglesia chilena.

El fiscal de Rancagua, Emiliano Arias, presentó los casos de cinco menores quienes habrían sido abusados por Muñoz, mientras que otros dos se encuentran en evaluación. Los delitos, que según el fiscal todavía no han prescrito, comprenden el periodo 2002-2018 y se habrían registrado en las ciudades de Santiago y Rancagua.

"Son víctimas todas menores de edad, con inexperiencia sexual, que fueron atacadas sexualmente en el domicilio del imputado, en el domicilio propio de las víctimas cuando estaban bajo el cuidado de éste, por la confianza que generó con las víctimas y con los padres de las víctimas", dijo el fiscal.

Muñoz, un reconocido sacerdote de 56 años que ocupó cargos de responsabilidad en el Arzobispado de Santiago durante los últimos siete años y mano derecha del cardenal de la capital Ricardo Ezzati, se enfrenta a penas carcelarias de hasta 15 años, según Arias.

La defensa de Muñoz no se opuso a la prisión preventiva porque "el caudal de antecedentes que el Ministerio Público ha formalizado ameritan evidentemente un análisis más profundo y mayor", indicó Gabriel Henríquez, abogado del sacerdote.

Muñoz permanecerá en una celda de una cárcel de Rancagua apartada del resto de la población penal para evitar que sea agredido dada la naturaleza de las acusaciones.

El caso se suma a la ola de abusos sexuales protagonizados por sacerdotes que fueron encubiertos por parte de jerarcas de la Iglesia chilena que llevó al papa Francisco a pedir perdón en reiteradas ocasiones y reconocer la reacción tardía del Vaticano.

Autodenuncia

El sacerdote se autodenunció el 2 de enero pasado -semanas antes de la visita del papa Francisco a Chile- por al menos dos casos de abuso ante sus superiores, por los que fue suspendido de sus funciones y su caso fue remitido a la Congregación de la Fe en el Vaticano, que investiga los casos de pederastia. La Iglesia chilena informó del caso recién en mayo pasado.

Los detalles de los abusos de Muñoz se revelaron luego de que el expediente del caso fuera uno de los archivos incautados por la Fiscalía chilena en un sorpresivo operativo que realizó en oficinas de los arzobispados de Santiago y Rancagua el 13 de junio.

En 2011, cuando era vicecanciller del Arzobispado, se encargó de tomar declaraciones de los denunciantes del caso del influyente sacerdote Fernando Karadima, suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano en 2013 por pederastia.

Tras ser nombrado canciller del arzobispado de Santiago, tuvo acceso a las carpetas de denuncias sexuales y conocía el manejo de las investigaciones canónicas al interior de la Iglesia católica, lo que, según la fiscalía, le habría permitido "bajarle el perfil" a los casos de pedofilia que involucraban a religiosos.

"En consecuencia, existe un factor importante de impunidad que se procuraba el mismo sujeto para sí y es probable que para otros casos", sostuvo Arias.

El fiscal Arias informó que también investiga la posible actuación de otros religiosos "como autores, cómplices o encubridores tanto en este caso como en otros casos" ocurridos en Rancagua.

La fiscalía también investiga una supuesta red de pederastia que involucra a más de una decena de sacerdotes de Rancagua, quienes se encuentran suspendidos y también bajo investigación de la Iglesia.

En otro caso, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó este viernes las dependencias de los obispados de Temuco y Villarrica en busca de documentos a raíz de las denuncias de abuso sexual contra cinco religiosos y que los obispos de ambas ciudades se negaron a entregar a la fiscalía.

La Iglesia católica chilena vive sus horas más bajas por el rosario de denuncias de pederastia contra el clero y por su encubrimiento por las autoridades eclesiásticas que han llevado al papa Francisco a tomar personalmente cartas en el asunto.

El pasado mayo, Francisco convocó a todos los obispos chilenos al Vaticano y al término del encuentro presentaron en bloque su dimisión. Hasta ahora el papa sólo ha aceptado la renuncia de cinco prelados. Cuatro de ellos están acusados de encubrir o ignorar las denuncias de abusos sexuales de sus subordinados. (I)