Mediante decreto ejecutivo, en marzo de 2015, Richard Espinosa fue nombrado como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Con el cambio de Gobierno (24 de mayo de 2017) el funcionario fue ratificado en su cargo. Meses después, él junto a otros 17 trabajadores del Seguro Social fueron notificados por la Contraloría General del Estado. La razón: predeterminación de responsabilidad en irregularidades con el registro contable de una deuda del Estado con esa institución.

Según registros oficiales, en 2016 el IESS eliminó de sus balances financieros una deuda del Estado por $ 2.500 millones. Tras la notificación, Espinosa contó con 30 días para presentar las pruebas de descargo. Y lo hizo, pero el 21 de noviembre de este año, la Contraloría y el tribunal estatal de cuentas establecieron responsabilidad administrativa culposa en su contra. La conclusión se dio después de analizar los argumentos expuestos y de esa forma se confirmó su destitución.

En el documento, firmado por el contralor Pablo Celi, se ordenó el pago de una multa por $ 7.320. Ese día, el organismo remitió copias certificadas de la resolución al presidente Lenín Moreno, para que “disponga se ejecuten las acciones correspondientes”. Es decir, para que aplique la salida del funcionario del IESS. Las copias también fueron enviadas al Ministerio de Trabajo.

Según la Contraloría, su inhabilitación se fundamenta en el artículo 101 de la Ley de Seguridad Social. La norma dice que los directivos y servidores de todas las dependencias del IESS que sean responsables directos de acciones u omisiones serán removidos de su cargo. En el texto también se señala que por estas acciones tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado, independientemente de la responsabilidad penal en su contra, señala el ente.

Tras dos años y nueve meses de gestión, el funcionario presentó por tercera ocasión su renuncia. El anuncio se realizó durante la inauguración del IESS Quito Sur, el cual beneficiará a 1,2 millones de personas y cuya inversión llegó a los $ 200 millones. El monto incluye equipos de última tecnología, mobiliario, mantenimiento preventivo y correctivo por cinco años.

Después de la inauguración de esa obra, el Primer Mandatario evaluó la renuncia y la aceptó. Con el Decreto Ejecutivo 237, que entró en vigencia el 12 de diciembre, Espinosa cesó en sus funciones. El decreto también dictó que se encarga la presidencia del Seguro Social a Jaime Patricio Garzón Rivas.

El ahora exdirectivo interpuso una acción contencioso-administrativa. (I)