“La meta está bien, la idea está mal. No se trata de dar medidas aisladas y convertir en leyes las aspiraciones, sino de crear un sistema de Educación Superior que conozca las necesidades de la sociedad ecuatoriana para cumplir con los requisitos. Este es un problema que no se está enfrentando”,  manifiesta Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, al referirse al Reglamento de Escalafón para Docentes e Investigadores del Sistema de Educación Superior.

Este estatuto -compuesto por seis títulos, disposiciones generales y transitorias- fue aprobado  el pasado 31 de octubre por los miembros del Consejo de Educación Superior con el fin de vincular la docencia a la investigación científica, establecer mejoras en las   remuneraciones y  jornadas laborales.

Para Espinosa, las oportunidades de investigación son limitadas en las universidades del país. “Es cierto que es necesario aumentar la investigación, pero esa no es la realidad actual. El error del reglamento es que pone una meta como norma legal inmediata”, expresa.

La sexta disposición transitoria del Escalafón expresa que al 12 de octubre de 2017 todas las instituciones de Educación Superior públicas y particulares, la totalidad de su personal académico titular, deberá contar con  las maestrías respectivas de acuerdo a este Reglamento.

Al respecto, Espinosa se pregunta: “¿Cuántos profesores se requieren? Si solo de universidades estatales son aproximadamente 6.500 y de privadas 10.000. Entonces en este instante ya debería haber 10.000 estudiantes de doctorado. El tiempo se va a encargar de demostrar que al 2017 las normas que se ponen no están de acuerdo con la realidad”, explicó el catedrático.

De su parte, Clímaco Egas, vicerrector Académico de Investigación de la Universidad Central, manifiesta que la exigencia de un doctorado para profesores que ya tienen trayectoria se complica por la edad. “Es difícil de obtener y va a ser un proceso largo. Por más que haya becas y contactos con universidades del exterior, el promedio de edad del profesor titular ya dificulta que el docente salga y obtenga ese título, el cual le serviría por corto tiempo debido al límite de edad para ejercer la cátedra”,  opina.

El artículo 77 del reglamento establece que el personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas que cumplan con los requisitos de la leyes de seguridad social y hayan alcanzado los 70 años de edad, deberán retirarse obligatoriamente del servicio público al concluir el período académico en curso.

Egas aclara que es necesario el título de PhD, pero en un lapso mayor de tiempo y en profesionales jóvenes que  recién se integran a la docencia universitaria. “Los plazos tenían que haber sido establecidos según la edad y categoría del titular actual. Quien recién se gradúa y piensa ejercer la docencia podría cumplir el plazo con las justas, pero para quienes tienen mayor trayectoria es imposible. Esto tenía que haber sido progresivo”, considera.

Al respecto, Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, acota que algunas universidades no disponen de recursos humanos ni materiales para enfrentar las disposiciones que apuntan en este sentido. “El promedio de edad de los docentes de la Universidad Central es bastante mayor. Me parece que es exagerado y debe repensarse para adecuarse a la realidad ecuatoriana”, asegura.

Sobre las escalas remunerativas,  Reyes aseguró que podrían afectar los niveles de autonomía de las universidades. “Creo que mejorar la escala remunerativa y obligar a los docentes a trabajar a tiempo completo es medida positiva, siempre y cuando haya una programación correlativa de actividades que impliquen el uso de ese tiempo completo. No hay claridad en los mecanismos de apoyo de investigación y  hasta que se aclare debería pensarse en un ‘stand by’ para resolver esto antes de aplicar la norma”,  expone el docente.

En el artículo 46 del documento legal consta que las universidades y escuelas politécnicas particulares deberán observar las categorías, niveles y grados de este escalafón. Las remuneraciones de su personal académico se determinarán de conformidad con las normas del Código del Trabajo.

Armando Grijalva, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, manifesta que el reglamento es un reto con soluciones drásticas, pero necesarias. El problema -considera- son los financiamientos. “Si hay limitaciones, los financiamientos no son fáciles. El doctorado que quiero seguir cuesta 28.000 dólares.

¿Pero la estadía? ¿Y la alimentación? Yo tengo 52 años y si estudio mi postgrado en el exterior dejaría de aportar económicamente en la casa. A diferencia de los jóvenes que tendrían más facilidades”, argumenta.

En el artículo 70 el Reglamento establece que los programas de perfeccionamiento se ejecutarán a través de becas, ayudas económicas, licencias, permisos, comisiones de servicio, entre otros.
Sobre la manutención en el exterior, Grijalva expresó que podría resolverse si se aclara el monto con el que podrían contar para especializarse en el exterior.