En 10 años del proyecto “Socio Bosque” se ha logrado conservar el 7% del territorio continental del país cubierto de vegetación (entre bosques, páramos y manglares).

La gerencia del programa precisó que desde 2012 se alcanzó esa meta y no se superaron los 3 millones de hectáreas (ha), como se fijó en un inicio, para no incumplir económicamente los convenios.

De igual manera, desde 2015 tampoco aumentó el número de socios.

La idea del proyecto estatal es que se mantenga dos décadas. A su término se dialogará con los socios para evaluar la extensión de los plazos. “La idea es que sea un proyecto de conservación de por vida”, explicó Jaime Black, gerente del programa.

Para que la iniciativa sea indefinida y se amplíen las hectáreas resguardadas se requiere la contribución por fuera de la estatal.

“Pensamos en una iniciativa como la pensada para el Yasuní, en la que  personas y organizaciones interesadas en la conservación ambiental contribuyan voluntariamente en un fondo especial”.

Anualmente esta conservación (vía incentivos) representa al Estado $ 10 millones. Con este monto se cancelan los 2.654 convenios, entre particulares y comunitarios.

El pago por hectárea no es igual para todos. Aquello depende de la vulnerabilidad de la zona, la importancia de conservación y la biodiversidad existente.

Actualmente en Esmeraldas hay mayor deforestación por las palmicultoras y las empresas de madera.

“En ese sector se necesitan más socios para proteger los bosques. Por ese motivo es una de las provincias donde se entregan más recursos, aunque sus hectáreas no son las más extensas”.

Los pagos se realizan anualmente y en dos partes (mayo y octubre).

Además, los funcionarios de Socio Bosque evalúan en ese lapso el estado de conservación y verifican que el dinero se invierte en las líneas establecidas, como conservación, desarrollo social y  productivo y en el fortalecimiento organizacional.

“En caso de que la inversión no esté dentro de lo acordado, se debe devolver el monto no justificado o, a su vez, en el siguiente pago se hará el descuento”.

Cuando la persona o la comunidad incumplan el plazo de los 20 años deberá devolver la totalidad de lo entregado durante el tiempo que estuvieron inmersos en el proyecto.

“Solo cuando fallece un socio particular, el heredero que no desea continuar el convenio tiene la opción de abandonarlo sin necesidad de retribuir en algo”.

Iniciativa comunitaria
En 2014 la Cooperativa de Conservación y Desarrollo Comunitario Sustentable Santa Lucía, de la parroquia rural Nanegal (noroccidente de Pichincha),  apostó por Socio Bosque y protegió 472 de las 720 hectáreas.

Cada año, por el convenio firmado, reciben $ 11.000, que se reinvierten en el proyecto turístico comunitario. Gracias a este reciben 400 turistas; la mayoría son extranjeros.

Denisse Merino, de la comunidad integrada por 12 familias, detalló que en la zona de protección  predomina el bosque nublado. En el sitio habitan diversidad de aves (colibríes, yumbo y tangaras); mamíferos (guatusa, puma, venado) y variedad de orquídeas.

El paisaje natural es el atractivo fundamental de los visitantes que generan un ingreso anual de $ 50.000.

“El área que es parte de Socio Bosque está distante y solo se llega a través de un estrecho sendero. Esto impide que se puedan talar y, menos, sacar los árboles”.

Críticas al proyecto
Para Ivone Yánez, integrante del colectivo Acción Ecológica, la implementación de este programa no ha combatido las causas subyacentes de la deforestación, ni se tienen datos exactos sobre este problema.

La activista considera que los proyectos mineros aumentaron. Por ejemplo, cita la situación generada por el proyecto Mirador, en la cordillera del Cóndor.

“Es contradictorio que en las zonas que hay convenios existan actividades extractivas. No hablamos entonces de un programa de conservación, sino de algo que busca vender en el futuro certificados de servicios ambientales, sean de carbono, biodiversidad y agua”.

El gerente del proyecto recordó que el Estado es dueño de lo que está bajo tierra. “Si hay una concesión minera o petrolera, hay que sacar esa área de conservación y si es voluntad del socio sale del proyecto sin pagar”. (I)