Luego del anuncio sobre el recorte presupuestario, las universidades expresaron su inconformidad y reportaron que habrá despidos de docentes. ¿Cómo afectará eso a los estudiantes? 

Para contextualizar la situación es necesario puntualizar que el presupuesto que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas públicas se alimenta de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto a la renta (IR) y del impuesto al valor agregado (IVA). Debido a la situación de emergencia generada por el covid-19, la economía del país, como las de otros países, ha sido afectada. Esto motivó una intensa caída en la recaudación de impuestos. El 2020 se inició con un presupuesto aproximado de $ 1.200 millones. No obstante, para evidenciar el impacto de la crisis podemos observar que en el mes de abril de 2020 se refleja una reducción de casi $ 800 millones de recaudación en comparación con abril de 2019. Ante estas circunstancias, la necesidad de ajustar los presupuestos a la realidad actual del país es imperiosa. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas no se trata de una reducción arbitraria sino que, debido a que los presupuestos iniciales fueron proyectados con base en una preasignación, al actualizar los cálculos con valores reales las cifras han variado, produciéndose una reducción. Hemos exhortado a los rectores y autoridades universitarias a implementar políticas que maximicen la eficiencia en el gasto. Por ejemplo, el Sistema de Educación Superior asigna más de $ 20 millones al año a rubros asociados a viajes y viáticos que por ahora no se van a utilizar. Además, mientras dure la emergencia sanitaria se pueden evitar ciertos gastos como obras de infraestructura, por ello y debido a la situación hemos sugerido que se reasignen esos rubros y que se reclasifiquen partidas.

¿Qué pasará con los estudiantes que tienen un cupo para ingresar a la educación superior?

El presupuesto para nuevos alumnos no será perjudicado. Es importante recalcar que la educación se encuentra priorizada en la emergencia. La pandemia nos obliga a replantear nuevos caminos, a la adopción de nuevas tecnologías; nos exige ser mejores. Planteamos a futuro un modelo híbrido que repotencie la educación superior. Nuestro enfoque está en la educación en línea.

Usted se ha referido a la importancia de establecer acuerdos con los rectores. ¿Qué clase de acuerdos plantean? ¿Cuántos rectores ya han dialogado?

Estamos trabajando con cada una de las universidades para conocer el impacto del déficit presupuestario, lo que nos ha permitido evaluar la problemática. Cada universidad tiene una realidad diferente. En términos generales, las acciones que competen aplicarse se enmarcan en una mayor eficiencia en el uso y manejo de los recursos, reorientándolos hacia prioridades, en donde se incluyen las remuneraciones de docentes. La mayoría de universidades están de acuerdo en reorientar ciertos rubros hacia actividades priorizadas, para garantizar la ejecución de las funciones sustantivas de la universidad que son: docencia, investigación y vinculación. En este punto es necesario recalcar que la gratuidad no está en riesgo.

¿Cuántas universidades están preparadas para la modalidad virtual?

La Secretaría impulsa el Programa de Formación Profesional No Presencial, en coordinación con cinco universidades públicas: Universidad Central del Ecuador (UCE), Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Universidad Técnica del Norte (UTN) y Universidad Técnica de Manabí (UTM), a fin de implementar 10 carreras en modalidad en línea: Comunicación, Derecho, Psicología, Trabajo Social, Economía, Turismo, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Educación Básica, Educación Inicial y Tecnologías de la Información. En el marco de este programa las universidades participantes han recibido recursos económicos para fortalecer su infraestructura tecnológica y desarrollar contenidos y recursos de aprendizaje. Al contar con los recursos y el equipamiento tecnológico necesario, las universidades parten del Programa de Formación Profesional No Presencial y se han adaptado fácilmente a la situación que actualmente afronta el país debido a la emergencia sanitaria. En cuanto a las demás universidades, cabe destacar que las universidades con base en su autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica garantizada en la Carta Magna y en la Ley de Educación Superior, tienen libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio, así como en la gestión de sus procesos internos, incluyendo la oferta y modalidad de sus carreras y programas académicos. En el marco de su autonomía y observando la normativa, las universidades cuentan con infraestructura tecnológica y talento humano con competencias que les permiten adaptar sus procesos para afrontar los actuales retos. El regreso a la “normalidad” será bajo un modelo híbrido: online y presencial, evitando concentraciones de gente. Los laboratorios cumplirán su fin de uso en el momento más adecuado para facilitar el desarrollo de proyectos priorizados de investigación.

¿Qué o cómo deberán optimizar los recursos las universidades?

El manejo presupuestario no debe ser motivo de sorpresa, pues la fórmula de asignación de recursos se construye mediante un proceso técnico de responsabilidad de la Senescyt. La propuesta fue discutida desde septiembre de 2019 y su notificación a las universidades y escuelas politécnicas se produjo en octubre del mismo año. Cabe señalar que la aprobación es competencia del Consejo de Educación Superior. La optimización de recursos, en la que estamos trabajando, parte de la revisión del caso de cada universidad, incluyendo en el análisis la estructura de gasto y carga docente con el fin de plantear opciones que no afecten al estudiantado. Por ejemplo, en algunos casos se han identificado proyectos de investigación, que en las actuales circunstancias no pueden desarrollarse, por lo que los recursos económicos y humanos pueden ser asignados al ejercicio de la docencia mientras dure la emergencia sanitaria únicamente. En la misma línea se pueden tratar  otras actividades no esenciales como la construcción de infraestructura, para que estos recursos se reorienten, en función de las prioridades de la institución. No se deja a un lado la investigación, simplemente se le permite a la universidad decidir qué investigación es prioritaria en este momento. Conforme mejoren las condiciones económicas volveremos a presupuestos más normalizados. (I)