El sacerdote Pablo F. en 2015 fue acusado de abusar sexualmente de un menor con discapacidad intelectual. 

Esto ocurrió en la parroquia rural de Nanegalito (Quito). Allí el religioso y su presunta pareja, quien se desempeñaba como seminarista, violaron a Luis (nombre protegido), de 11 años.

Su madre confiaba en los cuidados del sacerdote, quien  fue trasladado desde Quito a  Nanegalito, ese mismo año, puesto que pesaba en su contra una investigación por el mismo delito.   

El menor asistía a catequesis y en ese contexto fue violado por el sacerdote, quien cumple una sentencia.       

La Fiscalía General del Estado registró 12.917 denuncias por pederastia entre los años 2017 y 2018. De estos, 837 obtuvieron sentencia (6,48%) y 10.549 están en investigación (81%).

Asimismo, 377 (2,92%) están en instrucción fiscal,  1.146 (8,87%) en preparatoria de juicio y 8 (0.06%) en impugnación.  

El proceso con el que se investiga y sentencia está basado en los artículos 161, 166, 167, 170, 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

La psicóloga y experito de criminalística, Pilar Chiriboga, trató el caso de pederastia citado.  La experta explicó que los sentenciados tenían una falta de control de impulsos sexuales con niños.  

Estos agresores -detalló-  se encuentran entre los educadores, religiosos, guías espirituales u otros, buscan espacios donde se encuentren cerca de los menores. 

Ella estableció una diferencia entre el pedófilo y el pederasta.

El primer término alude a la atracción erótica o sexual del adulto por los niños, aunque no abuse de ellos.  Lo hacen en función de traumas que nunca fueron tratados (experiencias físicas, emocionales, abandono y violencia, en edades entre los cero y 8 años).

“Actúan con plena conciencia y no sufren de demencia”. Mientras que el segundo es el abuso sexual que se perpetra contra los niños.

Situación preocupante
El Ministerio de Educación (MinEduc) registró, desde 2017 a 2019, 377 casos de violencia sexual que involucraron a docentes.

La institución los reabrió con recursos extraordinarios. En la revisión, 376 maestros fueron destituidos y un proceso tuvo como resultado la inocencia de un educador.

De igual manera, se intervinieron 13 planteles y dos  continúan con el proceso.

Mayra Soria, directora de la Unidad de Género de la Fiscalía de Pichincha, fue la  encargada de la sentencia contra Jorge Negrete, profesor acusado de abusar física, sexual y psicológicamente de 41 alumnos de la Academia Aeronáutica Pedro Traversari (Aampetra).

La funcionaria explicó que en los ataques existe una relación de poder sobre la víctima, como sucedió en ese caso, pues el implicado amenazaba a sus alumnos con hacerles daño.

Los pedófilos y pederastas -analizó- son conscientes de detener o cometer el delito, pues no son enfermos mentales, sino personas con capacidades cognitivas funcionales.  “No existe un tipo penal para la pedofilia y pederastia, en el COIP se maneja estos casos por abuso sexual y violación”. 

Procesos de justicia
El problema de abuso a menores se visibilizó con el informe trabajado en la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional; el organismo registró 4.000 perjudicados. 

Según Silvia Salgado, expresidenta de la comisión, el pleno de la Asamblea aprobó el informe en el que se indicó qué función debía realizar el Consejo de la Judicatura  (CJ), Fiscalía, MinEduc y otros.

La entidad avanzó en las reformas sobre la tipificación del delito en el COIP. “Además se solicitó el mejoramiento del registro de los más buscados”.

En el informe se solicitó al CJ la creación de unidades especializadas para tratar este problema. “Existe un incremento del presupuesto de $ 9 millones para la adecuación de unidades especializadas; los recursos están asignados, pero aún no llegan por la transición de autoridades”.

La Comisión de Fiscalización vigila que las 10 instituciones que fueron parte del control cumplan con las recomendaciones de Aampetra.

Sin embargo, la asambleísta señaló que el sistema de justicia es tortuoso, ineficaz para las víctimas e incluso varias sentencias están a favor de los victimarios.

Con el registro único de denuncia -añadió- se disminuyó el subregistro de casos y se incrementó el número de sentencias. “Los jueces tienen mucha carga procesal, lo que les impide seguir con brevedad los procesos”.

El informe contempló el sistema de prevención y se propuso, como parte de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que las personas que cumplan  sentencia por abuso no puedan volver a los colegios. 

Mientras que en los planteles religiosos se formó una coalición de la sociedad civil de seguimiento de los hechos.

Según Aampetra, la Santa Sede conoce de los casos. Los colegios religiosos deben cumplir la misma regulación en la contratación de catedráticos y deberán denunciar.

Sistemas de prevención
Los expertos  sugirieron que se promoviera la educación sexual desde casa y se la acompañe de las campañas.

Anna Vohlonen, oficial de educación de Unicef, indicó que con la campaña “Ahora que lo ves di no más” se logró un incremento del 88% de denuncias. La iniciativa caló e incluyó un seguimiento sistemático a 1.243 docentes.

Para ella, la gente está perdiendo el temor de denunciar; y destacó que los planes contextualizados para los diversos sectores culturales, lingüísticos y sociales previenen ataques.  

De acuerdo con las fuentes consultadas, el actual sistema de rehabilitación social no recupera a las personas que son pederastas o pedófilas.

Por ejemplo, Soria mencionó que existen problemas y vacíos legales, pues ninguna instituciónrealiza un seguimiento de las sanciones.

Para la psicóloga Chiriboga, son necesarios los tratamientos paralelamente a los que brinda el sistema. “Es gente peligrosa que volverá a delinquir”.  Salgado consideró que no existe una política específica para ellos. (I)