Trece organizaciones sociales de Costa Rica pidieron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligue al Estado a legalizar la fecundación in vitro (FIV), actualmente prohibida en el país.

"La Corte Interamericana debería pronunciarse sobre la decisión de la Sala Constitucional (que anuló un decreto ejecutivo para regular la FIV) y señalar la inaplicabilidad de la misma", indica un comunicado suscrito por las entidades.

La Corte Interamericana condenó hace tres años a Costa Rica por prohibir la fecundación in vitro y le ordenó regular la aplicación de este procedimiento en un plazo perentorio.

No obstante, varios intentos por aprobar una ley en el Congreso han sido boicoteados por una pequeña representación de diputados representantes de iglesias evangélicas, gracias a un reglamento legislativo que prácticamente le concede derecho de veto a las minorías.

Debido a esta situación y ante la inminencia de una nueva condena por parte de la Corte IDH, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís emitió un reglamento que regula detalladamente la FIV.

La Sala Constitucional declaró inaplicable dicho reglamento y pidió a los legisladores que aceleren el proceso para aprobar una ley, de manera que se permita una "discusión democrática" en torno al tema.

"Estos argumentos de la Sala Constitucional son contrarios a lo establecido en el artículo 30 de la Convención Americana, según el cual, el principio de reserva de ley sólo es aplicable cuando se limitan o restringen derechos humanos", señalaron las organizaciones sociales.

"En el caso del decreto impugnado que regula la FIV, no sólo no existe ninguna limitación de derechos que justifique la creación de una ley ordinaria, sino que además, lo que hace es habilitar la aplicación de este método para garantizar a las personas que tienen problemas de fertilidad sus derechos", agrega el pronunciamiento.

Para las entidades, resulta "preocupante" y contrario "a principios elementales" que se sujeten los derechos humanos de las minorías a las opiniones y creencias de las mayorías.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran instancias académicas universitarias, centrales sindicales, grupos feministas e instituciones defensoras de la niñez.

También suscribe el documento el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), un organismo coadyuvante del sistema de justicia americano que en numerosos procesos representa legalmente a las víctimas. (I)