Una demanda de inconstitucionalidad al decreto presidencial 491, que delega la rectoría de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla) a la Presidencia, fue presentada por varias organizaciones de mujeres a la Corte Constitucional.

La Enipla, que fue creada en 2012 en el país, estaba dirigida de forma intersectorial por el Ministerio de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Con el decreto, la dirección pasaría a la Presidencia y estaría a cargo de Mónica Hernández de Phillips, asesora del presidente Rafael Correa, quien ha sido muy criticada por considerar a la abstinencia como una herramienta de prevención del embarazo.

Cristina Vera, de la Coalición de Mujeres, explica que la demanda de inconstitucionalidad se plantea porque quita competencias constitucionales y legales a los ministerios sectoriales. “La Constitución plantea que los ministerios tienen determinadas competencias y funciones (...) Ningún decreto puede ir en contra de la Constitución. Hay una jerarquía claramente marcada”, afirmó Vera.

Ella cita los artículos 424 y 425 sobre la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes. Además, los artículos 344 y 361 que detallan que la autoridad de educación y de salud, respectivamente, se encargarán de formular la política pública en esas áreas.

Para Cristina es apresurado afirmar que la Enipla no ha tenido resultados, pues se debe evaluar una serie de factores que inciden como la pobreza, la violencia y la falta de educación. A su criterio, analizar desde una visión más global podría traer resultados concretos sobre reducción de embarazos en 10 años.

Rocío Rosero, también de la Coalición de Mujeres, asegura que la educación sexual integral es primordial para evitar embarazos. Afirma que no se puede entender a la sexualidad solo desde la biología, hay que considerar la cultura y los cambios sociales y estructurales.