En Ecuador, la clonación de placas o alteración de números de serie de los automotores es sancionado actualmente como un delito conexo. Esto hace que los implicados no sean procesados y castigados de manera adecuada y que los afectados por esta forma de delito no se atrevan a denunciarlo, además para evitarse los trámites largos, engorrosos y costosos.

¿Considera usted que se debe tipificar este delito de una manera específica?

Los delitos no disminuirán porque se incluyan cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se debe es evaluar, desde la norma, los mecanismos existentes en función de su aplicabilidad y comprensión.
Pero es cierto que la alteración de números de serie de motor, de chasis y falsificación de documentos para la comercialización de vehículos en provincias no está tipificado. Lo que sí está (normado) es lo referente a la persona que “cometa falsedad y forje información alterada o engañosa”.

¿Es comparable la sanción para esta modalidad delictiva con otras, como la falsificación y uso doloso de documentos o la estafa?

La idea de tipificar todo es, en la práctica, imposible e inoficioso; por tanto, dicha acción podría considerarse “neopunitivismo”, que significa mediatizar estos casos y darles posibles soluciones para generar una falsa percepción de seguridad.

Pero al estar tipificado y sancionado adecuadamente ¿podría controlarse y evitar el incremento de este delito?

Los agentes fiscales tienen un marco de protección y acción. La Constitución de la República, en su artículo 195, menciona: “Es atribución del fiscal, de ser el titular de la investigación pre-procesal y procesal penal… con atención especial al interés público y al derecho de las víctimas”. Eso quiere decir que existen los elementos de acción en favor de las víctimas en este caso mencionado.

¿Cree que se deben revisar los procesos y acciones aplicados actualmente a estos casos para evitar que duren años (como aducen los afectados)?

Existen instancias como el Cuadro de Mando Integral, que es donde se analizan los delitos de mayor incidencia y que generan mayor percepción de inseguridad en la población. La Policía Nacional lo utiliza permanentemente para el ejercicio de sus actividades. Pero, pareciera que estos datos no son utilizados para construir marcos decisionales en el espectro político estratégico, es decir, analizar cualitativamente los hechos y proponer soluciones, al más alto nivel. (I)