El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de sus direcciones provinciales, decomisó el año pasado 2.367 especímenes vivos: 434 aves, 132 mamíferos, 303 reptiles, 1.342 invertebrados y 156 plantas.

La entidad recordó que, además, hallaron, en el mismo lapso, 1.000 libras de carne de monte (mamíferos, reptiles y peces).

“El tráfico ilegal de animales y plantas silvestres es uno de los principales inconvenientes que presenta la biodiversidad en el país”, indicó Santiago Silva, director de Biodiversidad del MAE.

Por ello, el Ministerio del ramo, la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) y el Programa de Naciones Unidas (PNUD) lanzaron ayer la campaña ecológica ‘Alto al tráfico ilegal, si te llevas uno, no quedará ninguno’.

La iniciativa informará a las personas sobre la importancia de conservar los ejemplares en su estado natural y evitar el comercio ilegal promovido por grupos organizados que lucran con la caza y el transporte ilícito.

“Nuestra Constitución señala que la naturaleza es sujeto de derechos y, como cualquiera de nosotros, los animales, las plantas y su interrelación con el ecosistema deben ser respetados para garantizar un buen vivir”, dijo.

El funcionario precisó que la biodiversidad es un recurso estratégico y patrimonio del Estado ecuatoriano, por lo que todos los ciudadanos son dueños y responsables de su cuidado.

El MAE precisó que ocho de cada 10 animales que son capturados mueren antes de llegar a su destino. Esto se debe al maltrato, el estrés y  el miedo.

“No podemos permitir que trafiquen. Hay algo que tiene que ver más con la ética, como dijo Mahatma Gandhi: ‘A un país se puede juzgar por la forma en la que trata a sus animales’”.

De su lado, el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, recordó que un reto de la cartera de Estado es cuidar la flora y la fauna.

El funcionario señaló que la deforestación es el principal problema que afrontan las especies silvestres, pero el tráfico afecta a individuos en peligro de extinción.

“Si extraemos las que están en peligro de extinción, para alimento o mascotas, evidentemente el impacto de esa captura es tan grande como la deforestación”.

La vigilancia

El funcionario precisó que semanalmente la Policía del Medio Ambiente realiza capturas en las vías y carreteras. Las provincias donde es recurrente el problema son Orellana, Napo y Loja.

“Muy pocas veces se puede reinsertar a las especies a su hábitat. Por ese motivo, la mayoría continúa quedándose en los centros de rescate de vida silvestre, sobre todo, en los privados”.

Agregó que se frenará el comercio ilegal de especies silvestres, pero no la caza de subsistencia, la cual realizan las comunidades y nacionalidades indígenas.

“Este tipo de cacería no es prohibido, siempre y cuando haya acuerdos en algunos lugares, como los que se ejecutan en la comunidad de Dayuna (Parque Yasuní). Ahí junto a las poblaciones se definen las áreas, el número de especies y más”.

De su lado, Patricio Carrillo, comandante de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, indicó que la policía especializada cuenta con 1.871 subcircuitos para prevenir la minería ilegal, la deforestación y el tráfico ilegal de vida silvestre.

Las sanciones del COIP

El Código Orgánico Integral Penal  (COIP), en su artículo 247, establece prisión de 1 a 3 años a quien capture, comercialice o transporte especímenes o partes de plantas o animales de vida silvestre.

Bajo esta legislación se sancionó al barco pesquero chino al que se le encontró -en agosto de este año- 600 toneladas de pesca ilegal.

A la tripulación mencionada se le determinó un año de prisión y el pago de $ 5 millones. El producto fue destruido en su totalidad en alta mar la semana pasada. (I)  

Datos

Los spots publicitarios alertarán a la población sobre las enfermedades que pueden transmitir los especímenes silvestres que son sacados de su hábitat natural.

La campaña se desarrollará en radio, TV y redes sociales para advertir a los ciudadanos sobre las sanciones administrativas y penales a las que están expuestos si cazan, tienen o transportan especies silvestres.

Las personas pueden denunciar el tráfico ilegal a través de la línea telefónica 1800-335486, opción 8. La llamada será confidencial y se reservará la identidad del denunciante.

El MAE emprende campañas para el control del tráfico ilegal de madera, sobre todo en el costado oriental del Parque Yasuní. Hasta el momento se han realizado operativos binacionales con Perú. (I)