Con chalecos reflectivos, 3 padres de familia resguardan la seguridad de los estudiantes del Colegio Fiscal Eloy Alfaro, en el norte de Quito. Es la primera vez que realizan esta tarea, pero están animados, porque les preocupa el consumo de drogas, de alcohol y, sobre todo, la delincuencia del sector.

“Es una tarea voluntaria y necesaria para nuestros jóvenes”, dice Patricio Díaz, rector de la institución. Él cree que en los últimos meses la zona se ha vuelto insegura porque la cabecera norte del exaeropuerto (una zona que no es muy habitada) ha sido foco de robos.

“Además tenemos estudiantes del Comité del Pueblo, de la Planada, la Jaime Roldós, Carcelén, Calderón, La Pulida. Son estudiantes de estratos medios bajos, entonces sí teníamos un enorme problema con la formación de pandillas, también del ‘bullying’ del que eran víctimas los estudiantes. Tuvimos que actuar de inmediato”, asegura Díaz.

Por ello, en el colegio, en el que estudian 3.300 jóvenes, desde el año pasado entre 10 y 12 padres realizan brigadas diarias en 2 horarios: al mediodía y en la noche.

Varios padres incluso se han capacitado para hacer estos controles. Hace semanas, alrededor de 300 asistieron a una charla con la Policía Nacional sobre reconocimiento del perfil de un delincuente. “Nosotros debemos saber cómo evitar la presencia de algún extraño. Nos enseñaron a detectar una actitud sospechosa. Ellos no  muestran el rostro, su forma de vestir en algunos casos es rara y no se muestran de frente”, explica Luis Vásquez, presidente de la Coordinadora de Padres de Familia.

Vásquez cree que además de las brigadas hay que entablar un mayor diálogo con los jóvenes y captar su confianza. “Creo que debemos socializar más con los muchachos, darles más charlas (...) hablar de aquello que les preocupa y también de situaciones a las que pueden estar expuestos como las drogas y el ‘bullying’”, aseguró.

Byron Tumbaico es un padre de familia que participó en una brigada la semana pasada. Pese que vive en el Comité del Pueblo, a 20 minutos de la institución educativa, se comprometió para colaborar. “Muchos de los estudiantes aún son pequeños y podrían dejarse llevar, por eso debemos estar pendientes. Aportamos con un granito de arena a la seguridad y necesitamos también mayor presencia de la Policía para evitar accidentes al cruzar la calle”, solicita muy convencido.

Katerine Chalacán y Gabriela Swing, estudiantes de décimo, avalan que los padres estén más pendientes de lo que sucede al finalizar clases. “Aún hay robos, y más arriba hay gente que se manda marihuana”, dice una de ellas.

En otros colegios de la capital como el Réplica Montúfar y el Mejía también se conformarán brigadas de padres durante las próximas semanas, según sus autoridades.

Al interior del colegio

Los estudiantes aseguran que en el ‘cole’ no han detectado un problema fuerte de consumo de drogas y alcohol; pero sí reconocen que hay otro tipo de líos que se pueden corregir. Por ejemplo, la falta de respeto y el acoso estudiantil.

Carlos Moreno y Álvaro Vega son estudiantes del último año.Ellos al igual que los padres son brigadistas y se ubican en sitios claves al interior del colegio. También usan un chaleco fosforescente y salen 5 minutos antes del recreo.  “A veces los muchachos faltan al respeto; otros cogen los balones y golpean a las chicas en el patio. En el bar se cuelan. Hay también muestras de ‘bullying’, eso nosotros tratamos de evitar”, dice Carlos.

DATOS

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, manifestó que se reunió con los padres de familia del Montúfar y Mejía para cuidar de la seguridad de los alumnos.

Espinosa aseguró que la iniciativa surge a raíz de los eventos del 17 de septiembre para evitar que agentes externos tengan influencia sobre los estudiantes. Dijo que hay bandas delincuenciales que los utilizan.

La edad promedio para inicio de consumo de drogas en Ecuador es de 14 años, según datos del Consep en 2012. Dos de cada 100 estudiantes tienen algún tipo de consumo de marihuana.

Un estudio de la Cepal destaca que el 62% de niños sufren de ‘bullying’ en América Latina. Ecuador es uno de los países que declaran abiertamente mayores problemas de victimización y violencia explícita contra los menores.