Hoy Andrés Felipe cumple 6 años y una vez más pedirá un deseo: ir a la escuela. Su hermano Bryan Steven, de 14, también se sumará al anhelo, aunque él espera retomar los estudios que dejó en su natal Jumbo, en Colombia.

Hace más de un año ambos se radicaron en Guayaquil con su familia. En enero de 2013 su madre, Lorena Intriago, intentó matricularlos en una escuela fiscal, pero la respuesta que obtuvo la desmotivó.

“Cuando llegué al distrito me contestaron que si no había cupo para los de aquí, menos para los colombianos. Yo no quise aguantar insultos y no volví. Como estábamos recién llegados buscamos una escuela particular, pero no teníamos dinero para pagar las pensiones”, expresa la madre. La misma historia de Lorena se repite en otros casos que constan en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur) en Guayaquil.

Lorena menciona que la educación en Colombia inicia a los 5 años por lo que Andrés Felipe solo aprendió a escribir las vocales y los números con ayuda de su padre, a diferencia de Bryan que cursó el octavo año. “Mi hijo mayor me dice mamá yo quiero estudiar y no quisiera que se quede lavando carros como hizo el año pasado porque no asistió al colegio”, sostiene.

Ella indica que llegó al país huyendo de la violencia para que sus hijos no se involucraran con pandilleros o grupos armados.

Similar pensamiento comparte Paola Monsalve, quien aún continúa con el proceso de refugio y por la falta de documentación el año pasado inscribió a su hijo en una escuela particular.

“Me cuesta porque yo pago por él 30 dólares mensuales y ahora subirá 7 dólares y, además, debo pagar el uniforme y los útiles”, comenta.

Para Paola, estos son valores altos porque trabaja de auxiliar contable los fines de semana.

Diego Bastidas, oficial de Protección del Acnur, señala que el tema de educación es trabajado directamente con la población refugiada por tratarse de un derecho.

“Queremos que se vuelva realidad el acceso y la permanencia en el sistema educativo”, enfatiza.

A partir de este año el Ministerio de Educación (MinEduc) aplica un nuevo sistema de enrolamiento a los menores que por primera vez ingresarán a un centro fiscal.

También contempla el ingreso de niños migrantes o refugiados. Durante el período de inscripción (del 20 de enero al 21 de febrero), quienes no tengan la documentación del país de procedencia rendirán un examen de ubicación para obtener un cupo en el sistema de educación público. Bastidas apoya aquel tratamiento pero sostiene que estarán vigilantes de que se cumplan los instructivos y las disposiciones.

“Lo que queremos es retomar los proyectos de vida que fueron truncados en sus países por la situación de violencia y se debe garatizar la educación porque forma parte de los derechos”, dice el representante.

Datos

La Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores estima que en el país hay 2.500 niños de otros países.

El 98% es de origen colombiano, le sigue Cuba y otros países.

Según el informe del CDH y el Acnur, en las escuelas y colegios de Guayaquil el 52% de la población extranjera es de mujer y el 48%, hombre.

El texto detalla que, en la mayoría de los casos, los menores asisten más a la escuela que al colegio.