Cada día que pasa aumenta la preocupación de  Paúl Guzmán y su familia al no poder regresar a Ecuador. Aquello se dio luego de que el 17 de marzo se ordenara la prohibición de vuelos y cierre de fronteras por la emergencia sanitaria del covid-19.

Los recursos para pagar por un lugar donde dormir y comer se agotan, al igual que los medicamentos. Llevan 25 días en Miami.

Como él, otras 800 personas que viajaron a Estados Unidos a vacacionar o cursar estudios viven la misma situación. Todos temen que allí declaren toque de queda y cierre de aeropuertos. Por ello claman su regreso al país.

Este martes, la Cancillería de Ecuador emitió el protocolo para el ingreso al país, durante la vigencia del estado de excepción, de niños, niñas y adolescentes que están en el exterior sin sus padres o tutores legales; mujeres embarazadas, personas con discapacidades y tercera edad. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) lo aprobó.

Los abuelos de Álvaro Acurio se acogerán a la repatriación. Ellos viajaron  para hacer turismo a Fort Lauderdale en EE.UU.

Luego de enterarse del protocolo, Acurio contó que envió por correo los datos de sus abuelos. “Nos preocupa saber qué pasará con ellos por la cuarentena que deberán cumplir, ya que viajarán solos”.

Según la Cancillería, el Estado ecuatoriano facilitará más adelante el arribo al país de otros ecuatorianos y extranjeros residentes, en orden de prioridad por sus circunstancias sanitarias, en la medida de las posibilidades logísticas y materiales del Estado, y según los protocolos que se establezcan para el efecto.

Para el asambleísta Fabricio Villamar “es un buen inicio, pero es insuficiente” porque fuera del país no solamente hay menores de edad y mayores de 65 años, hay personas que  tienen a sus hijos menores de edad en Ecuador, padres o a personas que requieren atención.

“Traer a los ecuatorianos que están en el exterior no es un acto voluntario del Gobierno, es una obligación constitucional, si es que no lo cumple se convierte en delito”.

Hasta el momento se contabilizan 4.000 ecuatorianos sin poder regresar.

Otra de las preocupaciones de las familias varadas es tener que pagar $ 600 por el vuelo humanitario. Esta información es la que han recibido vía correo.

De acuerdo a Villamar, la Dirección de Aviación Civil debería coordinar junto con la Cancillería los vuelos que se habilitan y desde qué puertos, para traer a la mayor cantidad de ecuatorianos a la brevedad posible. “De lo contrario, está permitiendo que las aerolíneas se porten de manera abusiva con los compatriotas”. (I)