Niñez de Guayaquil tiene ruta contra el maltrato

El 51% de las denuncias que recibió la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en 2016, correspondió a maltrato a niños y adolescentes (en su mayoría de tipo físicos).

Por ello, en el Puerto Principal se desarrolló el I Congreso por los Derechos de este grupo etario.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPID-G) y 25 organizaciones estatales y civiles firmaron la implementación de una ruta integral  de protección del colectivo.

Precisamente, el CCPID-G empezó el año pasado la construcción de este flujograma.

La iniciativa nació luego de identificar una falta de articulación interinstitucional, según José Portugal, secretario ejecutivo del organismo. “Antes los casos los atendían todos, pero en la práctica había una descoordinación, revictimización del menor, y por parte de los propios funcionarios no sabían qué hacer ante un caso que se presente”.

Él explicó que la ruta determinará las competencias  de cada una de las instituciones que intervienen cuando se presenta un caso. “Las organizaciones y la ciudadanía sabrán qué hacer ante una situación de maltrato”.

Así el sistema delimita la diferencia entre maltrato y violencia, y en qué momento debe intervenir la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), que investiga y e informa a la autoridad.

“Ellos direccionan el caso a la Fiscalía, a la Junta Cantonal de Protección Integral de derechos de Guayaquil o al Consejo de la Judicatura”. También cuál es el rol de los ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES), de Educación, de Salud y la Defensoría del Pueblo.

Belén Escobar, jefe de la Dinapen en la zona 8, aseguró que cualquier Policía que recibe la denuncia llamará a dicha Dirección para “poner a órdenes de la Fiscalía los casos de  violencia o a la Junta si se trata de maltrato”.

Escobar indicó hay oficinas de la Dinapen en 10 de los 12 distritos de la ciudad puerto.

La funcionaria anunció que trabaja en un mapa para identificar las zonas donde existen numerosos índices de maltrato. 

Para Rossana Viteri, de Plan Internacional, el acuerdo es importante. “Le da al Municipio el camino para tratar los temas de violencia. La ruta define el papel que cumplimos”.

“Permitirá saber qué hacer, pues (la gente piensa que) la primera opción es callar y no actuar”.

El CCPID-G presentará, el 6 de septiembre, la campaña “Me siento protegido” y recogerá firmas para solicitar al Cabildo una ordenanza para proteger a los menores.

Según Fernando Sánchez, del Observatorio Social del Ecuador,   la segunda encuesta sobre la niñez y adolescencia, que ellos elaboraron en coordinación con organizaciones internacionales, determinó que la violencia de docentes contra alumnos  bajó 7 puntos, mientras que la de padres e hijo se redujo 10 puntos.

Sánchez considera que la iniciativa permitirá a cada institución enfrentarla, pero demandará compromiso y financiamiento.

Judith Gálvez, miembro de la Junta, explica que hay tres tipos de maltratos: físico, psicológico e institucional. “La agresión deja secuelas psicológicas, genera problemas de adicción e incluso delincuencia.

En lo que va de este año -aseguró- que han recibido 500 denuncias. Cuando llega un caso -comentó- se inicia un procedimiento administrativo. “Se llama a la persona aludida para que responda por sus acciones”.

La organización toma medidas que mantengan el vínculo con la familia, siempre que no representen un riesgo al afectado. Por ejemplo, permite enviarlo a tratamiento psicológico. “Prohibimos las amenazas o que se le acerquen hasta que se haga la valoración”.

De incumplir aquello, el caso pasará a un proceso judicial. Gálvez reveló que de las 51% denuncias de maltrato, el 20% de agresores es reincidente. (I)

Los legisladores revisan derechos de los menores

Los representantes de organizaciones y organismos internacionales y el grupo parlamentario por los derechos de los niños y adolescentes desarrollaron una jornada de diálogo y socialización.

En el evento se presentaron experiencias en la prevención de la violencia en la niñez y adolescencia, con un enfoque intercultural. Luis Guashpa, vicepresidente del Concejo Cantonal de Protección de Guamote, comentó que esta jurisdicción es la única que cuenta con una ordenanza municipal que permite institucionalizar el ente para la protección de estos derechos.

Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia fue otro de los temas que se abordó. Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que esta mesa ha trabajado el tema con un amplio debate y se escucharon posiciones distintas. Añadió que en la legislación actual hay temas conceptuales imprecisos, como el régimen de visitas, patria potestad, alimentos, tenencia y la eventualidad de que sean reemplazados, bajo la visión de las relaciones armónicas del grupo familiar. (I)