Erik Mozo terminó su período de presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) el viernes pasado.

Afirma que su gestión para seguir denunciando las irregularidades en la PUCE, entre estas el cobro excesivo de matrículas, continuará.

Él fue elegido presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de las Universidades Particulares del Ecuador (Feupe) y desde allí promoverá la creación de un reglamento que fije las reglas a los centros de educación superior sobre el tema de cobros en las matrículas, “que el alza en las matrículas no sea tan abrupta”.

Señala, que entre otros, el nuevo reglamento promoverá que si bien los incrementos se produzcan en cuanto a la inflación, se apliquen a los estudiantes que recién ingresan a la universidad y no a quienes están concluyendo la carrera e ingresaron con otras reglas del juego.

Además, impulsará que todo cambio se realice de manera consensuada con el Consejo de Educación Superior (CES).

Sostiene que en un año, por ejemplo, los estudiantes recibieron en la PUCE incrementos de $ 1.400 a $ 1.600 y que en la federación hubo varias denuncias y preocupaciones de los estudiantes que dejarían la carrera por los cobros excesivos.

Indica que algunos alumnos de la PUCE tuvieron que coger menos materias (créditos) y hasta se endeudaron para poder asumir los nuevos costos. “El 25% de estudiantes se endeudó para seguir estudiando”, comenta, pues, agrega, los horarios no permiten a los alumnos encontrar un trabajo.

Quienes más afrontaron estos problemas fueron los estudiantes de las categorías de pago más bajas como la A. Hay casos de chicos que ahora pagarían hasta $ 6.000 por el semestre.

ORGANIZACIÓN INVESTIGA 2 DENUNCIAS MÁS

A las manos de Eric Mozo, presidente de la Feupe, han llegado denuncias de otros alumnos sobre el incremento de las pensiones en la Universidad de las Américas (UDLA) y la Salesiana, que se investigan.

Hasta el momento esperan que las universidades privadas se ajusten a los lineamientos del CES que temporalmente fijó el techo de los aranceles. La norma indica que el incremento no puede superar el índice inflacionario de 2013, fijado en 2,70%.