Jóvenes que han ingresado a clínicas de rehabilitación aseguran que no se requieren muchos criterios profesionales para encerrarlos. Basta la decisión de sus padres o de otros parientes.

Tres denuncias de maltratos, registradas en centros de rehabilitación para adictos, están siendo investigadas por la Fiscalía, señaló Carina Vance, ministra de Salud. Esta cartera de Estado se encuentra desarrollando acciones que intentan cambiar el manejo de estos espacios.

Aunque no hay cifras oficiales sobre denuncias en centros de rehabilitación, Vance señala que estos tres reclamos   fueron remitidos a la Fiscalía. Actualmente esta información se encuentra en etapa de indagación previa.

La funcionaria plantea, pues, tres soluciones preliminares para manejar las falencias de este sistema, caracterizado en muchos casos por colocar a la gente en situación de encierro sin un examen médico.

La Ministra anuncia que se crearán tres centros de rehabilitación en Quito, Cuenca y Guayaquil, para ampliar la atención. Según datos del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el Estado ofrece un 1% de la oferta total de rehabilitación.

La segunda medida que se está desarrollando desde el MSP consiste en normar los protocolos utilizados en estas clínicas. La norma también se diseña para vigilar que no sean internados homosexuales o lesbianas.

Actualmente el MSP no registra en su departamento de Salud Mental  quiénes ingresan a estas clínicas. Vance no plantea colocarlo en el protocolo, que sí incluye establecer los perfiles profesionales del personal que labora en el lugar y las metodologías de tratamiento empleadas.

Quienes han vivido maltratos, como Andrés, saben que para ser ingresados en un centro, muchas veces solo basta la voluntad de los padres de familia. Él tiene 18 años. Durante dos meses vivió en un centro de Quito, ubicado en el sector de la Y de Pifo Oriente. A los 15 probó marihuana y poco después llegó  la base de coca.

Tres años más tarde, como no tenía dinero para comprarla, empezó a robar en su casa, cambiando enseres por algo de droga. Su familia, preocupada por la desaparición de los objetos, lo internó en aquel centro. Cada mes, sus padres pagaron $ 1.000 para costear las humillaciones que sufría su hijo.

Andrés le pidió a sus padres que lo cambiaran de lugar. Ahora se encuentra en el centro Luz de Esperanza: “Aquí he razonado las consecuencias de mi vicio”.

El MSP se encuentra recabando información sobre las 200 clínicas que funcionan en todo el país, explica Vance, quien reconoce que en el país es posible encontrarse con encierros que responden a razones inverosímiles.  Hace poco, por ejemplo, mientras se realizaba el registro de las clínicas, “hemos  conocido de mujeres que han sido internadas por sus maridos por infidelidad y han dicho que es un “trastorno de conducta”.

La funcionaria advierte que las medidas tomadas en su rama serán socializadas con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones para alinear la respuesta del Estado frente a esta situación, y recuerda que el cierre de estos establecimientos también es responsabilidad compartida con los municipios, “ya que estos locales deben contar con permiso municipal para su funcionamiento”.