Cincuenta mil mineros artesanales, pequeños y medianos, de los cantones Portovelo y Zaruma (provincia de El Oro)  deberán ser regulados hasta el próximo 30 de agosto. Su labor arroja anualmente la atractiva cantidad promedio de  9 toneladas del codiciado oro. Sin embargo, la actividad productiva es desarrollada en medio de inseguridad hacia los obreros y masiva contaminación ambiental que afecta a miles de personas que se sirven de las aguas de los ríos Amarillo y Calera.

El daño al ecosistema es irreversible y no solo hay reclamos de  ambientalistas nacionales sino de la comunidad internacional, en especial del Perú, a donde finalmente llegan las aguas de estos dos afluentes del río Túmbez.

Para mejorar la tecnificación y tratamiento de los “pasivos” (desechos) que arrojan las labores mineras, el Gobierno primero inició el pasado 26 de agosto de 2010 el proceso de legalización de los mineros. A la presente fecha rige un último plazo de 90 días que empezó a correr desde el 31 de mayo. Esto implica que a fines de agosto quienes no hayan regularizado su actividad perderán las concesiones y no podrán continuar trabajando.

La reacción de los mineros que aún no han legalizado su labor está dividida. El principal temor que tienen es obtener el RUC (Registro Único de Contribuyente) y el tener que notarizar la declaración juramentada de no estar impedidos de realizar esta actividad.

“Es un real problema para nosotros cumplir con esa norma previa a la regulación como mineros artesanales. Queremos un poco más de tiempo o que alguien nos guíe en cómo hacerlo”, anota Rafael Valdiviezo, minero de la zona alta del cantón Zaruma.

Agrega que en la mina participan más de 30 personas y que desconocen cómo obtener la calificación de mineros artesanales, “porque no sabemos si la inversión que tenemos supera el monto mínimo. Aquí nos esforzamos en grupo, pero no somos grandes mineros ni contamos con la última tecnología ni con los medios para aplicarla”.

José Uquizima, trabajador sexagenario del sector, precisa que ser legales no es el problema. Dice que la cosa se complica al momento de completar los requisitos. “Tres generaciones de mi familia han estado en las minas y me parece lo mejor regularizarnos; pero también pedimos ayuda en tecnología y medios para acceder a ella y así  reducir la contaminación”, anota.

La Disposición Transitoria Octava de la Ley de Minería considera mineros artesanales a aquellas personas que tienen una inversión individual  inferior a  36 mil dólares,  y 72 mil en inversión asociativa.

Para eliminar la contaminación que provocan los pasivos de las labores mineras, el Ministerio de Ambiente decidió construir una relavera (depósito de desechos tóxicos y tierras que arrojan las minas). Un estudio contratado a la Universidad Particular de Loja determinó en el sector de El Tablón, a 3 kilómetros de Portovelo, el sitio más indicado para  instalar este depósito con su respectivo equipamiento y tecnificación, dentro de los parámetros económicos que manejan los mineros.

Sin contaminación

La Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, reitera que la relavera permitirá a todos los mineros, pequeños y medianos, depositar los desechos que queden luego del proceso realizado para la producción del oro; esto ayudará a controlar la contaminación de los sitios donde se realizan las labores.

La Ministra  fue enfática al señalar que no habrá más plazo para la regulación de los mineros de esta zona. Montgomery Sánchez, prefecto de El Oro, señala que la idea de construir la relavera nació hace 2 años. “La medida se toma porque hay una demanda internacional del Perú por la contaminación provocada por arrojar los pasivos de las minas al río”, revela.

Agrega que la construcción ofrecerá una vigencia de 25 años de seguridad contra la contaminación. El sitio tiene una dimensión de 250 hectáreas. Adicionalmente se construye la vía de acceso que comprende también un puente, infraestructura necesaria para que los carros pesados no ingresen a la ciudad de Portovelo.

Recuerda que el camino de acceso  tuvo un retraso debido a que inicialmente el alcalde de Portovelo  negó el uso del suelo. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente interpuso acciones legales y se logró iniciar los trabajos. La cartera de Estado expropió con esta finalidad otras 800 hectáreas.

Con ello se logrará  evitar la contaminación ambiental que provocaría el traslado de los desechos y se contará con la regulación adecuada que demanda la actividad, como se hace en diversas partes del mundo en el marco de una minería responsable, señala el prefecto de El Oro.