Si en segunda instancia se ratifica la decisión del juez Vicente Altamirano, organizaciones que defienden los derechos de la población GLBTI no descartan acudir ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se decida sobre este caso y se establezca un precedente legal sobre el reconocimiento de las familias diversas.       

Así lo señalaron las dos madres de Satya y voceras de organizaciones como Fundación Causana, Coordinadora Política por la Equidad de Género y Artikulación Esporádika.   

Dichas organizaciones tenían previsto presentar ayer un recurso de apelación a la resolución del juez Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, Vicente Altamirano, quien el martes último inadmitió la acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo a favor de Nicola Susan Rothon y Helen Louise Bicknell, dos mujeres que mantienen una relación sentimental y que cuidan, desde su nacimiento, a Satya, hija biológica de una de ellas, y a quien intentan inscribir con los apellidos de ambas.

Altamirano basó su resolución argumentando que: “el acto administrativo de la Dirección Nacional General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, es susceptible de ser impugnado en la vía judicial, vía adecuada y eficaz, contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo”.

Para Karem Barba, representante de Causana, esta resolución legal niega la posibilidad de proteger los derechos de las dos mujeres, a favor de la construcción de su familia, en los términos que ellas consideran válidos: “En el caso de que en la segunda instancia (legal) se ratifique la inadmisión de la causa, iremos ante la CIDH; de hecho, esa es una de las estrategias que estamos planteando, aunque creemos que aún hay la posibilidad de que en Ecuador se pueda resolver esto”.

Agregó también que todos quienes propusieron la acción de protección le apostaron a la Constitución, que garantiza estos derechos. Barba asegura que no existe un vacío legal para resolver el caso (la Constitución solo limita el derecho de los homosexuales a adoptar, no a tener una familia por inseminación artificial), ya que la Carta Magna es clara en referencia a los derechos de las familias diversas y en que, además, ningún funcionario puede alegar la  falta de norma jurídica como causal para no garantizar el cumplimiento y ejercicio de derechos, en este caso, la garantía de los derechos constitucionales de Satya.

Destacó que hasta el momento, en efecto, los derechos de la niña “están vulnerados”; entre ellos, los de libertad, el  de gozar de una personalidad, de una identidad y el de tener una familia.

Por su parte, Nicola destacó que aunque  no se haya admitido la acción de protección, ella y Helen están felices de que el juez “nos haya reconocido como familia con una niña (hija), o sea, somos familia y eso está claro y no está en cuestión”.

Aseguraron que seguirán en la lucha, saben que no será fácil, pero están muy animadas. En Inglaterra, explicaron, desde el 2008 se contempla y se garantiza la inseminación y la unión de hecho, esto reconoce que hay dos madres, que no hay padre y que éste no es parte de la familia.

Nicola aclaró que Satya nació en el Ecuador, de lo cual da fe el certificado respectivo, por lo que “no es inglesa, es ecuatoriana, y por eso es que hacemos el trámite aquí, en donde nos quedamos a vivir, ya que tenemos residencia aquí y somos una familia”.