Los porcentajes de pensiones alimenticias se mantienen

Rosa Lincango hace un año se quedó sola con sus hijos, debido a que su exesposo abandonó el hogar. Ella no quiso que esa ruptura sea total, pues pensó en una buena relación entre progenitor y los vástagos.

Por ello, la madre de familia permitió que su hija menor, Rosario, lo visite, pero tras el poco interés del padre y el rechazo que él mostró a la chica de 14 años, Rosa decidió apartarlos e iniciar una demanda de alimentos.

“No quería ponerla porque siempre he sacado adelante a mis hijos, pero la abogada me hizo entender que el beneficio no es para mí, sino para mi hija, porque es su derecho”, cuenta, mientras espera la audiencia por la demanda de alimentos en el complejo judicial del norte de Quito.

La diligencia demoró porque olvidó que hace cinco años comenzó otra acción legal cuando su expareja dejó el hogar, pero volvieron a estar juntos. “En aquel tiempo era para tres niños, ahora solo hay una menor de edad”.

Rosa es una de las 250 personas que a nivel nacional presentan diariamente este tipo de demandas para lograr que sus hijos reciban ayuda económica.

El monto que cada hijo percibirá depende de su edad y del número de descendientes que tenga el demandado.  Por ello, existe una tabla de pensiones alimenticias anuales elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), cuyos porcentajes son similares a los de 2016.

Lo único que varía es el monto final, ya que se considera el incremento que hubo al salario básico unificado (SBU) que hoy es $ 375 (el año pasado era de $ 366).

También se toma en cuenta la inflación acumulada que en diciembre de 2016, según el INEC, fue de 1,12%.

Para Roger Cusme, juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Unidad 4 de Quito, los porcentajes de pensiones alimenticias establecidos por el MIES corresponden a estudios técnicos en los que se pone en primer lugar el bienestar supremo del infante.

“Pero también se toma en cuenta lo que necesita el demandado para subsistir de una manera digna. Además esos porcentajes se dividen entre todos los menores; los nuevos hijos no se quedan sin sustento”.

El especialista precisó que solo el 8% de las demandas que él recibe son contra las madres. “Las cifras son mínimas porque los padres que se hacen cargo de los menores  no tienen tiempo para estar en litigios, por lo que prefieren solucionarlos solos”.

Ese precisamente es el caso de Édison Pereira de 34 años. Él tiene a su  hija de cinco años, porque sus condiciones de vida son mejores que las de la madre. Édison pudo entregar pruebas que le sirvieron para tener legalmente la custodia de la menor.

“Su madre la abandonó cuando ella tenía tres años, luego regresó, me la quitó y encima me entabló un juicio de alimentos que hasta hoy no logro solucionar. Debo entablar otro para que la cuenta que estaba registrada a nombre de la progenitora, en el sistema único de pensiones alimenticias (SUPA), tenga mi nombre, pues yo me encargo de todo”.

A más del juicio de alimentos y de tenencia, Édison enfrentó otro por una deuda bancaria adquirida por la madre  y de la que él fue el garante. Eso lo obligó a salir una y otra vez de su lugar de trabajo sin dedicar el tiempo adecuado. Ante eso -aseguró- decidió renunciar.

Hace poco tiempo, junto con un amigo, montó una empresa de publicidad en casa. Esto le permite dejar tan solo cinco horas a su pequeña en la escuela y pasar el resto del tiempo con ella.

Aunque el juez estableció dos días por semana la visita a la menor y cada 15 días la salida con ella los fines de semana, son pocas las ocasiones que se ven, pero la niña guarda mucho cariño por la madre.

Por ello y para evitar mayores problemas, Édison nunca se planteó iniciar una demanda de alimentos, aunque sí cree que debe haber corresponsabilidad entre padres.

La misma idea tiene Luis Riera, representante de la asociación ‘Padres por Siempre’. Él considera que ambos progenitores deberían dividir los gastos económicos y compartir el tiempo con los menores.

Además cree que el actual sistema hace que los padres sean irresponsables y que se deslinden de otros deberes de formación del menor, y tan solo se consideren como proveedores materiales.

“Hay quienes se conforman con pasar la pensión; pero hay otros que sí quieren hacerse cargo de la formación, pero sus madres ni siquiera les consultan sobre el colegio en el que van a estudiar y ni los dejan verlos. Muchas creen que sus hijos son su fuente de ingresos”.

De su lado, Pedro Ríos, quien gana $ 400 al mes, debe entregar el 43,13% del total de sus ingresos. “Aunque sé que la madre los cuida, nada nos garantiza que todo vaya a los niños. A ratos utilizan esto como una explotación, creo que debería haber una especie de fiscalización para saber en qué destinan lo que se les otorga”, cuestionó. (I)

Datos

El juicio de alimentos en promedio, desde que se plantea hasta la obtención de la audiencia y el veredicto, demora alrededor de un mes.

Un hijo mayor de edad, que no esté casado y que cursa estudios superiores o de capacitación puede demandar al progenitor (con el que no vive) para que le ayude al financiamiento de dichos estudios.

Los hijos con discapacidad, independiente de su edad, recibirán de por vida la ayuda económica del progenitor con el que no viven (mientras el beneficiado no contraiga matrimonio). (I)