Los jóvenes exigen pagar lo justo en la PUCE (Galería)

Más de 200 estudiantes de todas las facultades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) protestaron con pancartas y de forma pacífica en Quito por el incremento del 20% en los aranceles.

Sharilay Acuña, representante de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario, sostuvo que el alza es inminente. De hecho aseguró que los estudiantes de Medicina serían los primeros afectados con la medida que podría aplicarse desde el lunes.

La joven también criticó que se continúe pidiendo a los estudiantes más dinero con el pretexto de hacer mejoras en la universidad, cuando en la práctica alega que no se ven cambios. Sharilay aseguró, hasta el cierre de esta edición, que tienen previsto ir al Consejo de Educación Superior (CES) para presentar la denuncia formal.

Erick Mozo, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCE, dijo que la medida provocaría la deserción estudiantil. “Por el desproporcionado incremento semestral en las matrículas, no quiero pensar cuántas personas cambiaron sus planes de vida, cuántas aplazaron su titulación, cuántas no saben todavía en qué universidad estudiarán el próximo semestre”, sostuvo Mozo en una carta dirigida y publicada en redes sociales a Juan Carlos Latorre, director general de Bienestar Estudiantil.

Por su parte, Latorre señaló que la medida aún no ha sido aprobada y dijo que el próximo lunes darán una rueda de prensa para informar a la ciudadanía al respecto.

El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó una resolución temporal para regular los aranceles en las universidades privadas a inicios de año. Se estableció que el incremento no podía superar al índice inflacionario de 2013, que fue fijado en 2,7%.

René Ramírez, presidente del CES, dijo a EL TELÉGRAFO que analizarán la demanda cuando llegue a la institución. “Hemos sido claros en nuestras resoluciones y las universidades no pueden cobrar más allá de la inflación (...) El principal miedo que hemos advertido es que este tipo de incrementos puede llevar a 2 situaciones que complican el derecho de acceso a la educación superior. Uno es la deserción y otro es el endeudamiento de parte de las familias”, sostuvo.

Ramírez argumentó que las universidades privadas deben buscar financiamiento que no solo dependa de las matrículas de los alumnos. Aseguró que no existen procesos de autogestión. A su criterio, las instituciones de educación superior deberían impulsar proyectos de investigación y consultorías para sacar fondos adicionales.

La resolución temporal del CES de regular los costos en las universidades privadas establecía que las instituciones debían enviar a este organismo la documentación financiera desde 2011 para que se analicen los incrementos.

Ramírez explicó que la documentación fue enviada, pero en muchos casos incompleta, por lo que tuvieron que volver a solicitarla y están a la espera.

Según explicó, el reglamento definitivo de aranceles de instituciones de educación superior sería aprobado a inicios de 2015.