“Los contratos de 3 meses pasan a ser definitivos, evitando la discriminación”

El año pasado, las transgéneros Zully García y Brianna Bustamante (Juan y Jefferson) fueron despedidas de la empresa Sweet & Coffee.

Ambas trabajaron en la cafetería sin revelar su identidad biológica.

Fueron despedidas luego de que se presentaron vestidas de mujer en la fiesta de fin de año de la empresa, en donde se les negó la entrada. Inmediatamente la jefa de recursos humanos les indicó que estaban despedidas por “haberse vestido de mujer”. El caso fue denunciado a la Defensoría del Pueblo. Esta realidad es común, explicó el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco. Además dijo que en el caso de despido ineficaz de grupos de atención prioritaria como  GLBTI, adultos mayores y discapacitados se plantea una indemnización agravada.

La Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no remunerado en el Hogar señala que ante “el despido por discriminación debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a la que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro”.  

Es decir, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo (12 meses), además de la general que corresponda por despido intempestivo.    

La ley Orgánica de Discapacidad en su art. 51 señala que “La persona con esta condición, en caso de ser despedida sin justificación, será indemnizada con un  valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente”.

Xavier Torres, vicepresidente del Conadis, explicó que las personas con discapacidad solo permanecían en el ámbito laboral los 3 meses de prueba y luego les despedían. “La  Ley de Justicia Laboral interviene y los contratos de 3 meses ahora pasan a ser definitivos, lo que mejora la condición y evitando la discriminación. Lo importante es valorar la condición del ser humano por encima del cumplimiento de una cuota laboral”, contó Torres.

Según cifras del Conadis existen alrededor de 80 mil personas con alguna deficiencia que laboran en el país y la mayoría presenta discapacidad física. Además cerca de 14 mil ha logrado insertarse gracias a la alianza que mantiene el Conadis con la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad en 13 provincias. Este acuerdo ayuda a las personas a buscar empleo de manera gratuita.   

Hay dos deficiencias que son complicadas de involucrarse en el campo productivo. “Las personas con discapacidad visual e intelectual son las que más discriminación sufren porque hay un tabú en la sociedad y quedan de lado”, agrega Torres, quien dijo también que el Conadis ha servido de intermediador en asuntos de despido laboral. “Quien tiene la facultad directa de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades es el Defensor del Pueblo y quien dictamina políticas laborales es el Ministerio de Trabajo y ellos son los que deben actuar dentro de sus ámbitos y competencias”. (I)