El Consejo Universitario de la Universidad Central de Ecuador (UCE), en febrero de 2016, decidió separar a William A., docente de la carrera de Trabajo Social, por denuncias de supuesto acoso sexual. Aquello fue tras un sumario administrativo.

La sentencia fue aceptada por la comunidad universitaria por sentar un precedente; pero el involucrado presentó su apelación ante el Consejo de Educación Superior (CES), que decidió reintegrarlo y hoy es parte del área de investigación de la UCE.

Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario de dicha alma mater, expresó que no tuvieron el apoyo del CES para ratificar la sanción en este caso. “Estamos en fase de apelación. Ojalá nos den la razón”.

Ese mismo año fueron víctimas de femicidio -fuera del campus- dos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (Espoch) y el año pasado ocurrió lo mismo con otra alumna.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 6 de cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de violencia de género.

Bianca Gavilanes, representante de la organización Luna Roja, que aglutina a las estudiantes de la UCE, reconoce que la mayoría guarda silencio por temor a represalías de catedráticos.

“Lastimosamente los profesores tienen poder y de eso se han aprovechado en perjuicio de las universitarias del país”.  

Casos como estos motivaron a la Senescyt a exigir que cada institución de educación superior (IES) elabore un protocolo de actuación para abordar temas de violencia de género y acoso sexual en sus espacios.

Este instructivo incluye protección a la víctima, confidencialidad, ayuda psicológica, legal y seguimiento de los casos denunciados.

Espoch organiza campaña
La primera alma mater en elaborarla fue la Espoch. En junio de 2017 aprobó su protocolo e incluyó, desde ese semestre, la transversalización de contenidos de género, violencia y sexualidad dentro del currículo de formación de los estudiantes de admisión.

En diciembre pasado iniciaron una campaña para concienciar a la comunidad  sobre la necesidad de frenar la agresión al colectivo.

“Acoso, acusa” es el lema de esta estrategia. En carteles se exhibieron zapatos rojos y manchas del mismo color sobre ropas blancas. “Hemos crecido y aceptado una violencia simbólica que pensábamos que era normal y no es así”, expresó Rosa Saeteros, vicerrectora de Espoch.

El instructivo -señala la directiva- es una alerta para docentes y autoridades que tienen potestad en el campus. “Es una guía para que estas personas sepan que deben manejar de manera adecuada su poder y para que las posibles víctimas no permitan este tipo de situaciones”.

Saeteros aclara que la idea no es castigar, sino prevenir -por medio de educación y respeto mutuo- que nuevos problemas ocurran.

Evelyn Rodríguez, presidenta de la Secretaría de Inclusión y Equidad de género de la Espoch, cree que este protocolo de protección a los universitarios brinda seguridad, por eso denuncian con más frecuencia las irregularidades. “Pierden el miedo, porque hay un instrumento  para defenderse y paulatinamente erradicar este mal”.

Situación en la UCE
La UCE aprobó su instructivo en diciembre de 2017. En el texto reza que las situaciones de acoso sexual y violencia de género no pueden someterse a mediación ni a otro método de resolución de conflictos.

“Se daría lugar a nuevas violaciones de derechos y la impunidad de los perpetradores de violencia’, señala el quinto principio del citado protocolo.

Además, establece protección total a la afectada y promueve que todo integrante de la comunidad universitaria denuncie cualquier evento de este tipo en el Departamento de Bienestar Estudiantil.

Este organismo es el encargado de encaminar la denuncia a los canales oficiales y brindar la atención profesional especializada.

La representante de Luna Roja reconoce este instrumento como un primer paso, pero plantea la necesidad de mejorarlo, sobre todo en las formas para la reparación de los daños.

Para ella no hay una claridad de cómo se aplicará ese proceso dentro de la universidad. “Lo único que se establece es que se debe acatar lo que disponen las leyes existentes en reparación integral, no obstante, la UCE carece de algo propio y más efectivo”.

También considera que debe existir un mejor enlace entre el CES y las IES para que las sanciones no sean levantadas por el organismo de control educativo.

Este medio de comunicación solicitó a la Senescyt información sobre la cantidad exacta de IES que ya cuentan con el protocolo de actuación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. (I)