José Andrés, quien pronto cumplirá 13 años, cada tarde, a partir de las 16:00, se instala con tres amigos más en alguna esquina de la capital para comenzar a trabajar.

Un galón con gasolina y una antorcha de fabricación improvisada son algunas de sus herramientas. Su zona preferida es la de El Trébol, al centro-sur de la ciudad. 

En las mañanas, con el mismo grupo de amigos se reparten las esquinas en las que trabajarán. Una vez que la luz roja del semáforo lo indica, inician con su número: los malabares.

Al final del día recogen hasta $60, que se reparten entre todos.

Su padre es migrante, pero no sabe nada de él desde que se fue hace cinco años. Su madre lava ropa ajena, y es el hermano mayor de una niña que no sabe si algún día conocerá a su papá.

“No importa si no vuelve, mi hermana y mi madre me tienen a mí. Supongo que mi papá le manda plata a mi mami porque se fue sabiendo que estaba embarazada”, comenta con poca importancia.

Sus amigos, ninguno de ellos mayor de 18 años, viven similar realidad: trabajan para ser el sustento de su familia. 
José Andrés dice que su lugar no es  la calle y que preferiría estudiar, pero considera que su preparación puede quedar para después, aunque la de su hermana no.  

La erradicación de esta problemática es uno de los principales retos que tiene el Gobierno, indicó el viceministro de Inclusión Económica y Social, Pabel Muñoz. 

Para esto es fundamental avanzar en el cumplimiento del artículo 156 de la Constitución de la República que exige la creación de cinco consejos Nacionales de Igualdad: género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana.       

El beneficio principal de crear estas entidades es organanizar y regular el funcionamiento de las diversas entidades que trabajan en la garantía de derechos de estos grupos de la población.      

Para José Chalá, secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae), la creación de los consejos es una forma de reafirmar la interculturalidad  nacional y valorizar las riqueza étnica y cultural.  

En el caso de la Codae, Chalá afirma que está lista para enfrentar el proceso de transición a consejo y su implicación.

De igual manera, señala que no solo es importante que existan las instancias necesarias que garanticen el cumplimento igualitario de los derechos de los distintos sectores de la población, sino que se asignen los recursos económicos.

“No sirve de nada tener los mejores planes si no existe el dinero para ejecutarlo”, afirma.
Según Chalá, solo para el cumplimento de políticas públicas se necesitaría una inversión aproximada de $173 millones.    

Ángel Medina, secretario ejecutivo de la Confederación de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, (Codenpe), mira con preocupación la creación de estas entidades y los pocos avances que registra. 

“Si bien es cierto que se debe cumplir con la Constitución,  este proceso no debe afectar a las organizaciones que están legalmente conformadas”, advierte.

Según Medina, la mayor afectación en este proceso está en el presupuesto, ya que desde enero de este año, esa organización no ha recibido ningún aporte por parte del Estado, “a pretexto de que no son organizaciones ejecutoras”.

Medina considera, además, que debe haber mayor apertura para socializar los planteamientos propuestos.
Muñoz dice que la garantía de los derechos de los niños, mujeres, afrodescendientes y otros grupos no depende de la conformación de una entidad, sino que debe de  construirse en sociedad.

“No es trabajo exclusivo del Estado, es una responsabilidad de todos los ecuatorianos”, recalca.