“Las extensiones estaban en pésimo estado, hacinadas y paupérrimas”

En un informe presentado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) únicamente 2 de 86 extensiones universitarias cumplen los tres parámetros de evaluación y los 30 indicadores determinados sobre la  base de la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

La normativa vigente, según explicó Guillaume Long, presidente de esta entidad,  estipula la depuración de sedes, extensiones, programas, centros paralelos y otras modalidades de similares características que se mantengan en las instituciones de educación superior. A partir de estas directrices, y luego de la evaluación, las extensiones  fueron clasificadas en cuatro grupos, según su  desempeño.

Guillaume Long, Bachelor en Historia por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, Universidad de Londres. También es Ph.D. del Institute for the Study of the Americas, School of Advanced Study, de la Universidad de Londres.

Pese a que el Ceaaces  sostuvo que los estudiantes de estas extensiones no se verán afectados por la norma, el tema no deja de causar inquietudes en alumnos de estos centros que se encuentran lejos de las sedes universitarias.

¿Desde cuándo se contempló en el calendario la realización de esta evaluación?

Esto nace en Montecristi cuando en el Mandato 14 se plantea la posibilidad de realizar una depuración en el sistema de educación superior de los malos elementos. Luego, en  2010, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aterriza lo que realmente significa esta depuración, es así que el año pasado se dio el primer paso con la depuración de las universidades categoría E que definitivamente no pasaban los más mínimos estándares de calidad. 14 universidades privadas en este caso, 7 de las cuales estaban en Quito, que tenían que cerrar; y el siguiente paso que está especificado también en la LOES es la depuración de las extensiones universitarias.

De modo muy parecido a la vorágine de creación de universidades en la década del 90 y a inicios de 2000, también hubo una vorágine de creación de extensiones universitarias.

Acabamos de evaluar a 86 extensiones  que tienen diferentes y diversas denominaciones: extensiones, sedes, ramas, paralelas, pero que, en últimas instancias, son lugares que funcionan fuera del domicilio principal en algunos casos, muy lejos de la matriz, a 400 o 500 kilómetros.

¿La distancia forma parte del problema o incide en el cierre de las extensiones?

No sería un problema, siempre y cuando estas extensiones tengan calidad, pero muchas veces -de forma discriminatoria hacia las partes más rurales del país- se han creado estas extensiones de últimos términos de calidad y pésimas condiciones, hacinadas, paupérrimas. En esta creciente demanda que hemos visto en los territorios, se están reproduciendo las desigualdades entre las grandes urbes y las poblaciones, sobre todo los pueblos discriminados que reciben educación en estos lugares que hemos visitado. Algunos (apenas 2) sí han cumplido y en el resto hemos detectado muchos problemas, que son en  esas 44 donde hemos decretado la suspensión.

Usted habla de hacinamiento y condiciones paupérrimas. ¿Qué es lo que encontraron específicamente?

Son 30 indicadores. Es un modelo de evaluación bastante técnico, pero a grandes rasgos estamos hablando de tres criterios principales de evaluación: la academia, el talento humano y la infraestructura.

En varios casos, no había profesores o no estaban bien formados. Fue tan grave lo que se detectó por criterio académico, que encontrar profesores fue en sí un problema. Las 44 que se suspenden tienen como promedio 0% de profesores a tiempo completo. Es gravísimo, entonces no tenían las condiciones más mínimas en cuanto a talento humano.

Ahora, en cuanto a la infraestructura, tenemos el tema de las bibliotecas, la conectividad, el acceso para personas con capacidades especiales y la calidad de las aulas. Todo esto fue hallado en condiciones lamentables. Tenemos indicadores cualitativos para las bibliotecas: medimos el número de libros y si es que existe un sistema de registro. En algunos casos no pudimos hacer ni eso porque no había bibliotecas. El estudiante tenía que coger un bus y viajar para  revisar un libro o buscar otros recursos. También medimos políticas de investigación. Muchas de estas extensiones están en lugares privilegiados para realizar labores de investigación, como el sector agropecuario, en espacios rurales, en espacios selváticos. También se evaluó el impacto que estas extensiones tenían en la comunidad y su vinculación con la colectividad.

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) sostuvo en un comunicado que mantiene dos extensiones en Zamora y Cariamanga sin actividad desde la década anterior y que en su lugar allí funcionan los centros universitarios de la modalidad a distancia. Se plantean cómo se puede medir la calidad de una actividad que no es ofertada desde hace 10 años… ¿Qué reacciones  han obtenido de las universidades con extensiones cerradas?

Lo que pasa es que ese es un tema muy complejo en el ámbito jurídico. Algunas extensiones fueron creadas como programas, paralelos o centros de apoyo. Nosotros nos basamos en el listado del registro de las propias universidades en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (Sniese) y la entidad las evalúa como tales. Conversaré más adelante con el rector de la UTPL porque es un tema especial. Se trata de una universidad que tiene muchos centros de apoyo para dar educación a distancia y declararon estos centros de apoyo como extensiones. Nos basamos en la información que ellos nos entregaron y, en este caso, se trata de una excepción.
En el caso de la Universidad de Guayaquil (UG), 23 de las 44 extensiones cerradas pertenecen a este centro de estudios y es la más afectada. Hemos tenido un diálogo muy franco con el rector y con las autoridades y me alegra decir que aceptan y reconocen que había un problema grave. Nosotros vinimos a Guayaquil para dar la cara, explicar por qué no pasaron y no cumplían con los estándares.

Al mismo tiempo, reiterarle la universidad que no somos sus enemigos. Se trata de una universidad emblemática, la más grande del país. Más bien pensamos que, al no tener estas extensiones, la institución podrá enfocar su esfuerzo y recursos en su domicilio principal mediante políticas de inclusión a través de becas o varios mecanismos. Es mejor hacer cosas bien que tratar de hacer todo mal.

¿La Universidad Estatal de Guayaquil planteó algún plan de contingencia? ¿Cuál será el procedimiento con las universidades condicionadas y las fuertemente condicionadas?

La UG no planteó ningún plan de contingencia, pero se exigirá, a través de un reglamento de funcionamiento ulterior, que no abandonen a sus alumnos, que se responsabilicen por ellos, que suspendan las nuevas matrículas y graduarlos en buenas condiciones. Así mismo a las extensiones condicionadas se les establecerá un plan de mejora. A las fuertemente condicionadas se les impedirá que matriculen estudiantes en las áreas de salud, educación y derecho. Las no aprobadas pues están obligadas a que no abandonen a sus alumnos.

¿Se establecerán sanciones en caso de que estos centros de estudios no cumplan?

En caso de que se dé, por ejemplo, el cierre intempestivo de la institución, pues habrá sanciones que están establecidas y tipificadas específicamente en el reglamento del Consejo de Educación Superior (CES).

¿Ustedes visitarán otras universidades para monitorear de cerca este tema?

En los 8 meses he visitado a 31 universidades en general, las publicas y privadas. Probablemente en los días venideros iremos a donde se han suspendido las extensiones, pero para nosotros era importante venir a Guayaquil primero.

La universidad que sigue luego de esta en cantidad de extensiones cerradas tiene cinco, es decir que la UG era la más numerosa.

Luego de las depuraciones, ¿cómo continuará el proceso de evaluación?

Ahora comienza el proceso de evaluación institucional. En mayo y junio tenemos todas las visitas de los 120 evaluadores del Ceaaces que van a ir a las 57 universidades del sistema para respaldar en la acreditación y recalificación quinquenal del sistema. En el país se establece que cada cinco años tienes que acreditarte como universidad, lo que  conlleva una categoría en la que no se quedan para siempre, sino que  todas pueden demostrar que han mejorado su calidad. Este es el año de la recategorización, a finales de agosto y principios de septiembre tendremos una nueva categorización para cada una de las universidades. Luego viene la tercera parte de la depuración del sistema de las carreras y los programas.

¿Cómo se realizará este proceso? ¿Qué es  lo que se busca?

Todas las carreras deberán ser evaluadas, cada una de las carreras del país, y tendrán que ser acreditadas. Tenemos un modelo de evaluación que lo vamos a socializar con las universidades, y luego, en el segundo semestre de 2013, los evaluadores harán las visitas.

Existen “ingenierías en cosmetología”, por ejemplo. Todo eso hay que regularlo. Una parte le corresponde al Consejo de Educación Superior (CES), que va a normar la denominación de las carreras. Tenemos que ponernos de acuerdo en unos mínimos comunes ¿Qué es una ingeniería? ¿Todo puede ser ingeniería? Una ingeniería a nivel mundial tiene un cierto parámetro. No puede existir ingeniería sin matemáticas. Sobre la  base de  estos consensos es que vamos a constituir lo que se viene para después de la evaluación institucional.

¿Las dos extensiones que seguirán funcionando también estarán sometidas a futuro a nuevas evaluaciones?

Claro. Las dos que pasaron en el tema de las extensiones y las que no están condicionadas a la supervivencia de la extensión seguirán siendo parte de nuestras labores evaluativas.

¿Qué opciones plantearán a futuro las instituciones que regulan la educación a las personas de las poblaciones que se quedarán sin las extensiones universitarias para que puedan acceder a los estudios superiores?

Siempre hemos dicho que esta era una falsa oferta. A nombre de la descentralización de la educación no se puede dar un servicio de última categoría porque lo único que se hará es ahondar contradicciones, desigualdades y discriminaciones. Hay que crear una nueva oferta.  Hemos planteado que las propias universidades tengan mecanismos creados por las propias sedes para acoger estudiantes, como pasa en muchos países. En países como Inglaterra, Francia o Alemania no es que hay una universidad en cada pueblito, sino que estas reciben a los integrantes de poblaciones rurales a través de becas o de residencias universitarias, porque la universidad es eso: un lugar de encuentro de debate. Qué bueno sería que en una sola universidad existan estudiantes de Manta, Guayaquil, Sushufindi y otras regiones del país.

Pero para estos proyectos será necesario un presupuesto, una inversión. ¿El Estado está en capacidad de asumir estos compromisos?

Estas extensiones también significaban un gasto y en ese caso es reemplazar una lógica por otra. En el tema de la inversión y del gasto público hay muchos malos entendidos. El fondo que asigna el Estado a las universidades estatales es el más grande en la historia del país: $ 850 millones. Adicionalmente, hay incentivos por calidad que ascienden a $ 475 millones, el Estado -por otra parte- invierte en programas de becas. El gasto universitario a veces está mal utilizado, el porcentaje del presupuesto que se dedica a gastos administrativos es mayor en comparación a lo académico: un 67% de gasto administrativo frente al 33% de gasto académico. En la mayoría de países del mundo es al revés, lo que permite hacer investigación, invertir en talento humano, etc.