La reforma a cuatro artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) tiene entre sus objetivos aumentar el número de becados en el país.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) precisó que la enmienda permitiría que la ayuda llegue a 26.000 estudiantes (actualmente beneficia a 14.000).

La reforma -detalló René Ramírez, titular de la Senescyt- facultaría que las ayudas económicas se entreguen directamente a los estudiantes, a través de las universidades.  

El Estado, actualmente, da los recursos a los centros de educación superior (sin intermediario). El presupuesto se asigna en función de criterios de calidad, número de estudiantes e investigaciones.

El nuevo mecanismo

Los 8 centros cofinanciados que funcionan en el país serán los encargados de seleccionar, bajo sus criterios y reglamentos, a los estudiantes.

Las universidades cofinanciadas  son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Politécnica Salesiana (UPS), Católica de Cuenca, Particular de Loja, Del Azuay, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Guayaquil y Tecnológica Equinoccial (UTE).

Los aspirantes aprobados deberán aplicar a una beca del Estado. En esta parte del proceso se analizará el monto de la ayuda que se asignará al alumno (la cobertura es desde el 10% hasta el 100%).

El valor se determinará mediante un estudio técnico que permitirá conocer la situación socioeconómica y el entorno del postulante.

El análisis se realizará con una regulación del Consejo de Educación Superior (CES) y la Senescyt, a  través del Instituto de Fortalecimiento del Talento Humano.  

En caso de que haya excedente en los recursos usados por los centros de educación, estos irán a un fondo para otorgar más becas para pre y posgrado.

Está previsto que la reforma entre en vigencia en el segundo semestre de 2017 y será gradual. Es decir que las universidades tendrán 5 años para adaptarse e implementar el nuevo mecanismo de asignación de becas.    

Consenso con los rectores

La propuesta de reforma fue analizada, en dos talleres, entre representantes de la Senescyt y los 8 rectores de las universidades cofinanciadas.

El documento fue enviado, el 22 de agosto de 2016, a la Asamblea Nacional. Ramírez indicó que puede ser tratado dentro del  Código Ingenios o la Ley de Extinción de Universidades, que está en segundo debate.

Fernando Ponce, rector de la PUCE, informó que de sus 20.000 estudiantes el 81% recibe algún  tipo de ayuda. En Quito hay 12.000 alumnos (9.000 de pregrado y 3.000 de posgrado).

José Juncosa, vicerrector de la UPS, aseguró que solo “7 de los 22.000 alumnos pagan el valor total de la matrícula y colegiatura”. Los demás estudian con algún tipo de beca.

Ponce espera que el nuevo sistema de becas, en el primer año, cubra el 15% de los alumnos; en el segundo, el 30%; y en el tercero, un monto mayor. Al final de los 5 años -añadió- aspira a que se aplique a todos.

Sin embargo, Javier Herrán, rector de la UPS, tiene una preocupación. “¿Qué pasará si la Salesiana escoge a una cantidad de postulantes y el Estado no puede atender a todos?”. Para Ponce, una vez aprobada la propuesta se comprobará su eficacia.  Él no descartó que los rectores planteen nuevos cambios a la LOES. Estos estarán enfocados en los tiempos y titularidad de docentes. (I)    

Universidades recibieron recursos

El presupuesto económico asignado para enero y febrero de este año -según René Ramírez, titular de la Senescyt- ya fue entregado a las 8 universidades cofinanciadas.

El Estado mantiene una deuda de 6 meses. En el caso de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), el retraso asciende a $ 7 millones  (de marzo a la actualidad).

Según Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el centro utiliza $ 21 millones para becas. De ese monto, $ 17 millones son fondos públicos. “El Estado no beca a todos los de la PUCE”. Una construcción en el campus de Nayón -aseguró el funcionario- está suspendida.

Otro de los temas que se discutirá en la Asamblea Nacional es que los rectores no ganen más de lo que establece el Reglamento de Escalafón Docente para las Universidades Públicas. (I)