Sucúa

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través de la Dirección Provincial de Morona Santiago, inició un proceso de investigación para recabar información sobre el presunto delito de cacería de un oso de anteojos en Sucúa.

El art. 437, literal F del Código Penal ecuatoriano, sanciona con prisión a cazadores que maten a animales en peligro de extinción. “El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de 1 a 3 años”, señala el artículo.

Agrega, además, que la pena será de 2 a 4 años de prisión cuando el hecho se cometa en un período de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de las especies, cuando el hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o, mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas.

Desde el viernes pasado circula en las redes sociales varias fotos de un oso anteojos cazado, en una de ellas aparecen 2 sujetos con el animal sostenido como un trofeo.

Mediante un comunicado la cartera de Estado enfatizó que “no escatimará esfuerzos hasta encontrar a los culpables de la muerte de este ejemplar”.

La especie, también conocida como oso andino, se encuentra en peligro de extinción, registrada en Apéndice I, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites por sus siglas en inglés).

Las características físicas del animal están marcadas por unas manchas amarillas en su rostro. Su dieta es de origen vegetal, aunque un pequeño porcentaje proviene de animales, por lo que son considerados omnívoros.

De acuerdo a biólogos, un  macho adulto puede llegar a pesar entre 150 y 155 kilos y su vulnerabilidad de desaparición se debe a problemas de deforestación, pérdida de hábitat o introducción de especies endémicas.

Como parte de las acciones que ejecuta el MAE, para la protección y conservación de la especie emblemática, se diseñó una Estrategia Nacional de Conservación del Oso Andino, que tiene un tiempo de aplicación de 15 años (2010-2025).

Este documento contiene información sobre la situación actual de la especie y su hábitat, también establece lineamientos, prioridades, objetivos y acciones para garantizar su conservación.

La principal línea de acción de esta estrategia es la reproducción ex situ en coordinación con los centros de manejo de fauna, así como educar y concienciar a la ciudadanía para que se involucre en los programas de conservación.

El MAE reiteró que el proceso investigativo y judicial es responsabilidad de los organismos competentes, con los que esta secretaría coordina acciones.

Además el organismo pidió calma a la ciudadanía, porque divulgar datos de la investigación puede entorpecer el proceso judicial.

Uno de los antecedentes en sanciones por delitos ambientales fue el caso del cóndor ‘Arturo’, que fue capturado en Azuay en abril del año pasado.

El responsable fue declarado culpable y se le impuso una pena de 6 meses en prisión, luego de que el Ministerio del Ambiente hizo la investigación.