El 19 de septiembre de 2015 se aplicó el Examen Nacional de Educación Superior (ENES) por octava ocasión en el país. Desde 2012 fue el instrumento para ingresar a una universidad pública. Dos meses después de que 276.770 estudiantes rindieran la última prueba, las autoridades educativas anunciaron que en 2016 la evaluación sería unificada con el examen Ser Bachiller, dirigido a los chicos del último año de colegio.

Si en 2015 el anuncio modificó la dinámica de los colegios y universidades, que tardaron en digerir la noticia y adecuar sus procesos, en 2016 planteará un reto para los docentes del magisterio y autoridades superiores, pues la meta es que los cupos universitarios se utilicen. En 2014, por ejemplo, más de 6 mil no fueron usado por los jóvenes, a pesar de ser asignados en el ENES. A estos cupos sobrantes se sumaban las quejas de adolescentes que no alcanzaban una nota óptima para ingresar a la universidad.

Desde ya los maestros de colegios preparan al alumnado para la prueba unificada. El nombre Ser Bachiller se mantendrá, pero su estructura será modificada. Contará con 2 componentes divididos en 2 jornadas. El primero será de conocimiento, el cual incluirá los contenidos de las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, como se lo ha hecho hasta ahora, y el segundo se encargará de medir las aptitudes, lo que hacía el ENES.

Los alumnos que en este momento están en segundo año de bachillerato pertenecerán a la primera promoción que rendirá el test unificado. Los que actualmente cursan el último año de la secundaria deben seguir los procedimientos ya establecidos. Es decir, el 40% de su nota de grado corresponderá al promedio de su desempeño en el ciclo de educación básica, el otro 40% saldrá de su promedio en el ciclo de bachillerato, el 10% será la nota que obtenga en su monografía y el otro 10% será la calificación de la antigua evaluación Ser Bachiller. Está previsto que en 2016-2017, el Ministerio de Educación asuma el control total de la aplicación de esa prueba.

El coordinador de la Red de Maestros a nivel de Guayaquil, Durán y Samborondón (Zona 8) y rector del colegio Amarilis Fuentes, Agustín Lindao, señala que en las instituciones educativas se ha creído conveniente reforzar los contenidos de la evaluación. “El reto es preparar al estudiante y no dejar que rinda una prueba sin tener los conocimientos. Muchos colegios particulares y públicos estamos dando capacitación. En los planteles se van a implementar proyectos, incluso en los clubes escolares para que sirvan como preparación”.

Según Lindao, quien tiene un masterado en Diseño Curricular por Competencia, la unificación de la prueba es la mejor decisión que se pudo haber tomado porque ahora los adolescentes solo rendirán un examen.

“Eso solucionará aspectos de preocupación de los estudiantes y de los padres de familia, pero el reto empieza para el Ministerio de Educación. Como magisterio cumplimos la tarea de visualizar lo que se nos viene”.

Añade que la modalidad de prepararse para las evaluaciones se está convirtiendo en un hábito y por ello los docentes presentarán en las próximas semanas una planificación para detectar las debilidades de los estudiantes. René Ramírez, titular de la Senescyt, informó que a partir de la aplicación del test fusionado, las universidades decidirán si tienen o no un curso preuniversitario.

Mencionó además que para el futuro ingreso a las universidades estos centros tendrán la facultad de calificar a los postulantes, a través de entrevistas o ensayos, aunque aún se está definiendo este tema con las universidades.

El presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, Sergio Flores, indicó que las universidades deberían, de una u otra manera, poder seleccionar a los estudiantes que van a ingresar. “Esa decisión no la tenemos y esperamos que con estos cambios parte de la selección de los alumnos y procesos sean de las universidades para garantizar un sistema adecuado”.

Manifiesta que uno de los problemas evidenciados en los análisis comparativos que ha hecho la Politécnica, en base a su experiencia, ocurre en el momento en que el estudiante escoge la carrera.

“Resulta ser que algunos de los que ingresan a Ingeniería con un promedio global, en donde aparte de una materia están otras más, tienen niveles bajos de matemáticas, física y química y eso es algo que hay que corregir porque en cada una de esas asignaturas debe tener un promedio mínimo”. De esta problemática surgen varias consecuencias: el estudiante se cambia a la carrera o en el peor de los casos no termina la profesión.

Flores, quien se desempeña como rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) desde 2013, sugiere que estas observaciones sean tomadas en cuenta para futuras reestructuraciones en el ingreso de los estudiantes. La red de universidades tiene planeada una nueva política de educación superior para 2035, que será presentada a la Senescyt. En ese sentido, no descarta que este documento involucre una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que en 2015 cumplió 5 años de vigencia.

“La LOES sirvió para ordenar el sistema de educación superior, para aclarar conceptos en algunos casos, que anteriormente el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (Conuep) habían politizado, y era necesario que, de una u otra manera, el sistema de las universidades tratara de mejorar, de salir de la mediocridad”.

Sumado a los cambios del ENES, en 2015 se presentó el primer reglamento para los cobros en universidades particulares, un hito según la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares de Ecuador (Feupe). Cuatro meses han pasado desde que el Consejo de Educación Superior (CES) emitió un reglamento al cobro de matrícula y aranceles.

Erik Mozo, de la Feupe, informó que siguen de cerca los procesos con respecto a la devolución de los valores cobrados en exceso. En un inicio, en la Universidad de las Américas (UDLA) se acordó que el excedente se entregara a manera de bono para el siguiente semestre que inicia en febrero. Mozo aseguró que el dinero -cerca de $400 por cada alumno- ya se entregó a todos los perjudicados. Aunque no maneja cifras exactas, asevera que el grupo favorecido representa cerca del 50% de todo el alumnado en la UDLA.

Con respecto a la Pontificia Universidad Católica (PUCE), el dirigente estudiantil señaló que el dinero no se ha devuelto y que los jóvenes que desistieron de estudiar por el alza de los valores no han sido reincorporados.

“Aún estamos a la espera de que la PUCE admita que obró mal, devuelva el excedente y cree un programa de reinserción estudiantil. A diferencia de la Católica, el proceso en la UDLA avanzó rápidamente porque la universidad aceptó que hizo cobros exagerados”. Indicó que la aprobación del reglamento es una gran herramienta para los estudiantes perjudicados y aseguró que seguirán vigilantes de este proceso y de otros dentro de la educación superior. (I)

Por: Diana Holguín