La reliquidación de IVA e impuesto a la renta solventará presupuesto de las IES públicas

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Ministerio de Economía y las universidades y escuelas politécnicas públicas acordaron establecer mecanismos concretos para que el alma mater no sufra afectaciones por la reducción de la recaudación tributaria de 2017.

Augusto Barrera, titular de la  Senescyt, aclaró que el gasto corriente  para el pago de docentes tendrá los fondos a través de liquidaciones y reliquidaciones del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta (IR) generado años anteriores. “Habrá mejoramiento de partidas y ajustes de saldos del Fondo Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas (Fopedeupo)”.

Tras un taller desarrollado ayer en Quito, se estableció que un equipo técnico del Ministerio de Economía realizará con cada universidad el análisis del presupuesto para garantizar el funcionamiento.

“Seguramente obtendremos una cifra similar o mayor que la disminución presupuestaria. Hasta el 15 de septiembre tendremos una cifra producto de la suma de lo acordado con las ‘U’. Garantizamos la operación del sistema  porque es un derecho de los estudiantes”.

Barrera indicó que consultará a la secretaría de la presidencia sobre el decreto de austeridad. “Estamos casi seguros que vacantes de docentes y sus salarios están excluidos de esta normativa”. 

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), reconoció que es importante que expongan los temas vitales.

Su entidad iba a ser afectada con $ 7’400.000, monto que comprometía las operaciones de este año, sobre todo porque involucraba los sueldos y salarios. “El Ministerio de Finanzas hará una reliquidación del IVA y del impuesto a la renta del 2014 y 2015 y con eso se cubren las brechas de las universidades”.

Sempértegui destacó que se potenciará mecanismos de autofinanciamiento de las universidades y politécnicas públicas. “El compromiso de la Senescyt y del Ministerio de Finanzas es devolver los montos de autogestión y que están retenidos hace 2 años, que para nuestra entidad representa $ 12’000.000 que salen de nuestra oferta de educación continua y posgrados”.

El rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, Nicolay Samaniego, dijo que con el acuerdo establecido su entidad pensará en mejoras a la infraestructura para beneficiar a 10.000 estudiantes, ya que recibirá los $ 5’000.000.

Ramiro Pazmiño, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), contó que su entidad también iba a ser perjudicada con un techo presupuestario de $ 8’000.000.

De momento -agregó- no pueden ingresar a la institución los recursos de autogestión por posgrados, pero este inconveniente está en vías de solucionarse.

En ese sentido, el miércoles los directivos de los centros privados cofinanciados mantuvieron una     reunión en Guayaquil con Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. El funcionario expresó en la cita que se requiere duplicar la tasa de matrícula en los próximos 10 años, que se encuentra en el 33%. “Eso significa que las universidades requieren más recursos”.

Espinosa adelantó que para el 18 de septiembre se convocó al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, para que informe sobre la implementación de las recomendaciones de la Asamblea.

Convenio con Banco de Desarrollo

La Senescyt firmó un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) por $ 50’000.000.

Las instituciones de educación superior (IES) podrán acceder a los siguientes montos: $ 35 millones para infraestructura física, $ 12 millones para equipamientos y $ 3 millones para preinversión.

“Los centros recibirán hasta         $ 200.000 para proyectos de preinversión a un plazo de amortización de 3 años; $ 5 millones para inversión, a 10 años y para equipamiento $ 2 millones, a 5 años”, precisó Wilson Mayorga, gerente general del BDE.

Entre los requisitos que deben cumplir están: priorización del proyecto por el Consejo Universitario, pronunciamiento favorable de la Senescyt y presupuesto referencial. (I)

El SRI investiga a 6 universidades por presuntos malos manejos de fondos

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, presidida por Augusto Barrera (foto), recibió ayer al director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, para dar a conocer la situación tributaria de las universidades y escuelas politécnicas particulares del país.

En este encuentro, Orlando reveló que 6 universidades estarían siendo investigadas por mal uso de fondos.

En una presentación otorgada a los asambleístas de la Comisión, el titular del SRI afirmó que según el artículo 161, la Ley Orgánica de Educación Superior estipula que las instituciones no podrán realizar contratos, convenios o transacciones con personas jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales.

Frente a esto, informó que varios directivos de 4 universidades tenían relación con empresas offshore.

Recalcó que esta información es pública y que nació como la actualización de datos a partir de la publicación de los Panama Papers.

Esto generó una alerta de por qué los directivos tendrían estas empresas que además mantenían relaciones comerciales con las mismas universidades.

Las universidades, según estipula la Ley de Educación Superior, no deben tener ánimo de lucro. Sobre esto, el titular del SRI afirmó que directivos de entidades poseen compañías que a más de ser proveedoras de la institución, utilizan empresas fantasmas.

Sobre este tema, Orlando indicó que están entablando denuncias penales en este caso.

El funcionario lo ejemplificó: el directivo de la Universidad A y el directivo de la Universidad B son familiares directos y ambos tienen una tercera empresa proveedora de las instituciones, que es una compañía fantasma.

Así, más de $ 10,26 millones han sido comprados a negocios relacionados a familiares de directivos durante 2010 y 2015.

“Hay empresas fantasmas proveedoras de la universidad que han suplantado la identidad de gente, esto es indignante”, criticó y afirmó que esto impediría otorgar a los trabajadores las utilidades que les corresponde y al Estado los impuestos que deberían cancelar las empresas y las instituciones.

En el caso de la subvaloración de excedentes, el titular del SRI enfatizó que existe alquiler de bienes inmuebles que no se han transparentado.

El funcionario ejemplificó: “Una universidad está relacionada o crea una sociedad B en Ecuador -que no necesariamente está dedicada al servicio de la educación- que recibe un préstamo de la misma institución. Con estos recursos, la sociedad construye inmuebles sobre un terreno y lo arrienda a la institución”. Finalmente, la entidad paga el arriendo a la sociedad, misma que, con este valor, responde a sus obligaciones de préstamo.

En este sentido, comunicó que en el caso señalado, el empréstito efectuado por el alma mater no contempla el pago de capital, sino únicamente el de intereses y en una cuantía menor a los que debe realizar por concepto de arriendo del inmueble.

De igual manera, agregó que una vez que se verificó en el Registro Oficial la Ley de Educación Superior, el SRI tiene la potestad de investigar que siga la ley y no se incumpla con las normas tributarias.

“Estamos en un Gobierno de derecho y es nuestra obligación realizar nuestra labor de control”, enfatizó.

El mayor problema, según dijo, es que se han detectado $ 128 millones en salida de divisas del Ecuador bajo estas prácticas que fueron criticadas por no ser invertidas en el país.

Para el asambleísta Espinosa, esta comparecencia permitiría conocer la veracidad del comunicado que varias universidades realizaron donde manifestaron “que había una suerte de persecución a las instituciones de educación superior”.

Los riesgos de estos casos, dijo Orlando, es que no se permita a la entidad de control ejercer su labor ante las universidades privadas. “Este funcionario público no se va a dejar amedrentar de esos manifiestos. Soy un hombre de paz y de diálogo pero a mí no me van a amedrentar con estos panfletos”, subrayó Orlando.

Lo discutible, afirmó y pidió a los representantes de las universidades, se conozca si el SRI ha realizado su trabajo fuera de la ley.

Todo esto, argumentó el Directivo del Servicio de Rentas Internas, será tratado y respaldado en los tribunales a quienes trasparentarán todas las investigaciones que han sido realizadas en los últimos años.

Posteriormente, la Comisión de Educación, explicó el asambleísta Espinosa, “revisará la información sobre las glosas que, según las universidades, injustamente se les ha interpuesto” y que constan en el comunicado. (I)

 Datos

18 instituciones de educación superior (IES) integran la Red de Universidades para la Investigación y Posgrado (RUIP).

La oferta académica superior, solo en este año, registró un incremento del 32%, según destacó el secretario Augusto Barrera, quien dijo que un total de 39 universidades y escuelas politécnicas son públicas.

Otro aspecto abordado en el taller de ayer está relacionado a las fuentes de autogestión de las universidades que tienen,sobre todo en los posgrados, su principal fuente de recursos fuera de los que los destina el Fopedeupo. (I)