La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es solo cuestionable desde los derechos humanos, sino también poco efectiva para  reducir costos del Estado a largo plazo. A esta conclusión llegó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación sanitaria de los migrantes en España. Para aliviar la situación, la relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, ha pedido al Gobierno español que “cambie de rumbo” en relación a ciertas medidas de salud.

Sepúlveda en su discurso recordó a las autoridades españolas que tienen obligaciones “en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientes de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular”, expresó.

Este nuevo informe es un seguimiento a la situación migrante, luego de que el pasado noviembre especialistas en derechos de la ONU ya cuestionaron los cambios fiscales que realizó España en cuanto al sistema de salud pública.

La reforma o Decreto Real 16/2012 limita la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Fuentes del Gobierno alegaron que la norma no es discriminatoria porque trata la legalidad de residencia y no la nacionalidad. A esto la ONU indica que los “principios básicos de los derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de presiones fiscales”.

Según Sepúlveda, en España la atención sanitaria no es universal, pública y gratuita porque “los incidentes de los que me han informado, como la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados son inaceptables”.

España es uno de los 10 países con mayor número de inmigrantes, con 6,5 millones, según el  reciente estudio de la ONU.