La intervención de la Universidad de Guayaquil concluye luego de tres años

La intervención de la Universidad de Guayaquil, que el 1 de diciembre cumplirá 149 años de fundación, concluye hoy.      

El 23 de octubre de 2013 el  Consejo de Educación Superior (CES) instaló una Comisión de Intervención tras hallar irregularidades.

Desde entonces, los interventores en un inicio fueron Jorge Kalil como presidente; Lobelia Cisneros (miembro académica); Luis Carmenate (miembro de investigación); Sybil Reyes (miembro jurídico) y Julio Rodríguez (miembro administrativo). Este último salió en 2014 y en su lugar ingresó Marcia Gaibor.

Ellos elaboraron un Plan de Excelencia y Fortalecimiento, cuyo fin fue recuperar y solucionar las deficiencias.

Luego Gaibor, Reyes y Kalil salieron y en su reemplazo el CES puso a Gary Mosquera, José Burbano y Jaime Medina.

Carmenate, quien desde hace un mes encabeza la comisión, explicó que se usó un método sistémico, enfocado en capacitación, asistencia técnica y acompañamiento. Uno de los retos -asegura- fue trabajar en el proceso de institucionalización: elaboraron 20 reglamentos (el modelo educativo ecológico, que está en proceso de implementación; de movilidad académica; de vinculación con la comunidad; de régimen académico; de evaluación a los docentes de forma semestral; entre otros).  

“Antes la universidad no tenía un modelo educativo. Sus reglamentos estaban desactualizados”.

De su lado, Enrique Santos, presidente del CES, indica que la intervención aportó en el ascenso de categoría (de la D a la B). “Estaba en una situación desastrosa, ahora la dejamos más ordenada, con procesos de gestión y se regularizó la situación de los docentes”.

En los próximos días se presentarán los indicadores y se prevé la elaboración de un libro de los objetivos alcanzados en estos años en el centro de estudios más poblado del país (60.000 alumnos).

Para Génesis Sarmiento, estudiante de la carrera de Derecho, en su facultad hubo un cambio favorable. Antes le daba temor caminar por los pasillos en la noche por la escasa iluminación, pero ahora ese aspecto mejoró.  “Los cursos tenían ventiladores dañados, pero hoy contamos con aire acondicionado y ascensores”.

Sin embargo, hay estudiantes que aún se quejan de las necesidades. Gustavo Castro, de la carrera de Networking en la Facultad de Ciencias Matemáticas, recibe sus clases en pupitres deteriorados. “Los baños no tienen agua y están sucios”.

Alfredo Recalde, decano de la Facultad de Educación Física, recuerda que antes de la intervención hubo docentes que se opusieron a ser evaluados.  

Él destaca que un avance fue la homologación salarial de los docentes y el nuevo estatuto. El sueldo de este profesor de tiempo parcial pasó de $ 500 a $ 2.967. “Se dio importancia a la meritocracia y pudimos ser recategorizados”.

Lobelia Cisneros, miembro académica de la Comisión Interventora, indica que en 3 años y 14 días de intervención se regularizó la oferta de carreras, los procesos de matriculación y la planificación de actividades. También resalta que los cinco concursos de mérito realizados permitieron mejorar los sueldos de los profesores.

Según Cisneros, los estudiantes accedieron a 350 becas este año y un seguro por accidente. Ella precisa que de los $ 46 millones de presupuesto se tuvo que pagar jubilaciones.

Universidades intervenidas

Santos recuerda que en el último cuatrimestre de 2013 empezó el proceso en cinco universidades.

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) fue la primera en la que concluyó la intervención (tras 8 meses) y luego finalizó en la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Unesum).  

Mientras que en las universidades estatal Técnica Luis Vargas Torres  (Esmeraldas) y en la Nacional de Loja se mantienen activas las comisiones.

De esta última, Santos comenta que las dificultades se originaron por un concurso de mérito que no se llevó de la manera adecuada. “Eso está siendo corregido”. Otras de las irregularidades -agrega el funcionario- fueron el retraso en la entrega de títulos que afectó a estudiantes y la ausencia de alternabilidad en el cogobierno universitario. “Se está trabajando para  acreditar las carreras de Medicina y Odontología”. (I)